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Señoras y señores, miembros del Tribunal del Pueblo
Interpone Acción Moral
Otrosíes.- su contenido
Yo, ciudadano boliviano, mayor de edad, hábil ante la ley, ante ustedes me apersono respetuoso, expongo y pido.
El pasado 16 de octubre de 2011, al igual que 10 millones de bolivianos, fue engañado con la llamada “revolución judicial”. La Asamblea Legislativa nos hizo creer que había seleccionado a excelentes personas y profesionales como candidatos a magistrados. Dos años después, queda demostrado que fuimos engañados.
Presento esta acción al amparo de la Constitución Política del Estado (CPE), artículos 7,8.I, 9.
Antecedentes de hecho
En Diciembre de 2012, un legislador denunció un supuesto viaje irregular del presidente del Tribunal Constitucional, Ruddy Flores, y de la magistrada Neldy Andrade a la ciudad de Nueva York, EEUU. Presentaron como pruebas fotografías. Hasta la fecha, ninguna de las dos personas respondió si viajaron con sus recursos o con nuestro dinero.
Posteriormente, otro ciudadano denunció que la magistrada Neldy Andrade cometió uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado en su proceso personal de divorcio.
En julio de 2012, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, fue acusada de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, falsedad ideológica y asociación delictuosa, en la nominación de notarios. Pero algo pasó, que luego no pasó nada.
El 31 de marzo de 2013, Liliana Sánchez, esposa del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gonzalo Hurtado, presentó una demanda ante la Brigada de Protección a la Familia en Trinidad, por violencia familiar, agresión verbal e incumplimiento de sus obligaciones de padre.
En consecuencia, el 25 de abril de 2013, los magistrados del TSJ, Jorge Isaac von Borries Méndez, Rita Susana Nava Durán, Norka Natalia Mercado Guzmán, Fidel Marcos Tordoya Rivas y Maritza Suntura Juaniquina pidieron la renuncia de Hurtado. Algo pasó y luego nada pasó.
En julio de 2013, quien era hombre fuerte del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, acusó a Hurtado de haber sido parte de un plan para derrocar al entonces gobernador del Beni, Ernesto Suárez.
El 13 de noviembre de 2013, la directora interina de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Familiar, Amelia Negrete, informó que la magistrada de la Sala Civil del TSJ, Rita Susana Nava Durán, fue denunciada por su esposo, Luis Pari Camargo, por agresiones físicas y maltrato familiar.
Esta misma señora fue denunciada el 17 de agosto del año pasado por pedir pegas a los vocales del Tribunal Departamental de Chuquisaca para la gente que hizo campaña por ella. Otra vez algo pasó y no pasó nada.
En mayo del año pasado, la magistrada del Tribunal Agroambiental, Daysi Villagómez reveló que, en una reunión de Sala Plena, su colega Ricardo Soto la agredió verbal y físicamente. La magistrada Cinthia Armijo y la secretaria de la Sala Plena, Rosario Balanza, también denunciaron que fueron agredidas por Soto.
El 20 de noviembre de 2013, el periódico Página 7 informó que 24 de los 28 magistrados electos del Órgano Judicial tienen procesos abiertos por incumplimiento de deberes, violación a la Constitución y otros delitos en la Comisión de Justicia Plural y Ministerio Público de la Cámara de Diputados.
Fundamentos jurídicos del recurso
Los artículos 7, 8.1 de la CPE establecen que la soberanía reside en el pueblo y fijan como principios ético-morales: no ser flojo, no mentir y no robar. En tanto, el artículo 9.4 exige al Estado garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados.
Petición en derecho
Por todo lo expuesto, queda demostrado que nos mintieron, no son las mejores personas ni los excelentes profesionales que esperábamos y nos robaron el sueño de tener una mejor justicia para vivir bien.
Por todo lo expuesto, pido al Tribunal del Pueblo exigir la renuncia de estas personas que se han convertido en un peligro para la justicia.
Otrosí.- Domicilio procesal, Bolivia.
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