Opinion

¿MINISTERIO DE COMUNICACIÓN O DEL INSULTO?
Tinku Verbal
Andrés Gómez Vela
Domingo, 1 Febrero, 2015 - 13:10

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En los últimos días de diciembre, en una reunión de amigos, un servidor público comentó: "Una de esas empresas acusadas de corrupción en YPFB también hizo negocios con el Ministerio de Comunicación (MC)”. ¡Epa! ¿A qué empresa te refieres? Sonó un coro. Servicios Integrales y Comunicación Bravo. Y llovieron las preguntas: ¿Metástasis? ¿Fue malo allá y bueno aquí? ¿Cómo se adjudicaron? ¿De forma regular? Para resguardarse, agregó: Yo no dije nada, ni me conocen”. Ante este tipo de revelaciones, importa más QUÉ dijo y no QUIÉN dijo. Obviamente, había que cruzar fuentes y evaluar si ¿valía la pena investigar? Por supuesto, se trata de nuestro dinero y de nuestros empleados, ¿acaso no se llaman servidores públicos?

 

Comenzado el 2015, nos acercamos a otros servidores leales a Bolivia, antes que al partido de turno, porque el partido pasa, en cambio el país queda para los hijos y  nietos; quienes cambiarán de partido, pero no de país. Reconfirmada la versión, había que buscar voces autorizadas y documentos porque hasta el peor delincuente niega sus fechorías. En eso, se cruzó la voz de un comunicador: "Yo vi papeles, están en la Fiscalía y ya saben tres medios”.

Vistos los documentos, entró en escena el fiscal Leopoldo Ramos y "requeteconfirmó”, en su condición de investigador, que el MC contrató a una empresa vinculada a la red de corrupción en YPFB. Antes de publicar, fuimos a buscar a las autoridades aludidas. No esperabamos que nos reciban con un café, pero mínimamente que nos cuenten de qué se trataba o había un error. Y como es el Ministerio de Comunicación, esperábamos transparencia, no por respeto a ERBOL, sino a la sociedad, a la que dicen que sirven. Pero no, se negaron hablar.

Entonces, difundimos la información. Antes, evaluamos los dos derechos que se contraponían en este caso: al silencio y a la información. El primero, parte del derecho privado;  el segundo, del público. El primero contempla a una persona, pero su derecho a no hablar no puede privar a la sociedad de informarse. Si fuera así, el silencio vetaría la información pública, lo que afectaría a la democracia.

Apenas se publicó la noticia, el MC descalificó en Twitter al medio (ERBOL), pero no al mensaje, lo que demostró que el mensaje era y es cierto. Lo lamentable, hicieron meter la pata al Presidente al hacerle repetir una falacia: "Queremos ver papeles para creer” ¿Por qué no pidieron papeles al fiscal cuando iba revelando los detalles del escándalo en YPFB si era el mismo Ramos? ¿Documentos cuando se trata de nosotros y no de otros? ¿Alguna vez pidieron papeles cuando Evo Morales acusó a quien le dio la gana?  

Nuestra cabeza democrática esperaba que tras la noticia, el MC llame a una rueda de prensa y exponga los documentos sobre los gastos que hizo en el G77. La viceministra Claudia Espinoza optó por las cuatro paredes de su oficina y otra vez descalificó a ERBOL. Regla básica, la desinformación se desmorona con información y no con insultos. Es más, negó contratos, pagos y documentos de recepción. ¿Creía que no iban a aparecer los documentos? ¿Quería usar su "poder de madrina” para hacerlos desaparecer? ¿Quería impedir que el fiscal los difunda?

Ya teníamos los documentos y fuimos otra vez al MC, pero recibimos el mismo trato fascista/stalinista que radica en usar una palabra hueca para anular al ser democrático: comunista/derechista. Los papeles demuestran que Espinoza firmó con la empresa vinculada a una red de corrupción.  O ¿se puede firmar un documento de conformidad sin haber recibido nada? O ¿se puede firmar ese documento sin haber firmado un contrato? Presumimos su inocencia, pero queremos información, no insultos.

Luego quisimos saber, ¿por qué el MC pagó Bs 400.000 y aún debe otros 400.000 a Bravo? ¿Por qué compraron 255 memorias flash de 7.48GB en Bs 100.000? Quizás nunca nos enteremos porque apenas Morales descalificó el trabajo del fiscal, lo marginaron de la investigación. Sin embargo, agregamos una duda que puede ser esclarecida sin pasar por la Fiscalía: ¿Sabía de todos estos contratos Amanda Dávila, ministra de Comunicación hasta el pasado 21 de enero o actuaron a sus espaldas?

No hay revolución sin revolución moral porque los procesos corren el riesgo de repetir los antivalores de los condenados neoliberales: encubrimiento, compadrerío, corrupción.

Ojalá la nueva ministra Marianela Paco reoriente el MC para que no siga siendo un Ministerio del Insulto, de la Censura y de la Mentira.

@AndrsGomezV