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En los últimos meses de su presencia en Bolivia, la Organización No Gubernamental (ONG) IBIS Dinamarca, expulsada recientemente por el gobierno del MAS, estaba preocupada por el vivir bien. ¿Qué hacer para que deje de ser una palabra entronizada por la teoría indigenista y convertirla en carne y hueso? El objetivo era claro: pensar y promover la realización del principio registrado en el artículo 8 de la Constitución para coadyuvar en la construcción de una sociedad de paz, intercultural, descolonizada y en armonía con la naturaleza.
Antes de la llegada del llamado “proceso de cambio”, la ONG estaba preocupada por la invisibilidad de los pueblos indígenas en la construcción del pensamiento nacional. Le llamaba la atención la ausencia de originarios en las instancias de decisión pública. Entonces, buscó hacer visibles a los desheredados del Estado para que definan por ellos mismos sus destinos.
Durante el proceso constituyente fijó como prioridad la promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas -contemplados en la legislación internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas- para lograr su inclusión en el nuevo texto constitucional, pero con el respaldo de la consciencia pública.
Aprobada la Ley Fundamental nació automáticamente la necesidad de socializar su contenido entre los ciudadanos y las ciudadanas para que la conozcan y ejerzan sus derechos, y el texto no se quede en el papel como sucedió con las anteriores constituciones.
Con ese espíritu se difundió públicamente disposiciones esenciales como el modelo económico plural, constituido por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Se invirtió tiempo y recursos en la consolidación de iniciativas de economía comunitaria en territorios indígenas como Quillacas, Oruro.
La propuesta de desarrollo en armonía con la naturaleza para conservar el medio ambiente fue difundida con la misma intensidad que el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa.
No faltaron del menú la descolonización, la educación y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe y, por supuesto, la materialización del Estado Plurinacional para preservar la unidad del país.
¿Dónde está lo subversivo? ¿Dónde está la injerencia? ¿Es injerencia hacer lo que el Estado no hace: socializar la Constitución y promover con organizaciones democráticas la cristalización de principios constitucionales?
Dadas las razones, IBIS Dinamarca fue expulsada por el gobierno de Evo Morales por los siguientes “delitos”:
- Promoción de la Constitución
- Difusión de la filosofía y cosmovisión de los pueblos indígenas
- Promoción de la armonía entre la economía y la naturaleza
- Promoción de la cristalización del Estado Plurinacional
- Fomento de la educación intercultural
- Promoción del diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe
- Apoyo al proceso de descolonización
- Fomento a la cultura de paz
Un desconocido tribunal, al estilo de una autocracia, condenó a IBIS por los “delitos” señalados sin respetar su derecho a la defensa, ni al debido proceso, ni a la presunción de inocencia.
La decisión gubernamental devela dos aspectos:
- Para el gobierno es un delito promover el cumplimiento de la Constitución. Ya mostró esa faceta antes la VIII Marcha de los indígenas en defensa del TIPNIS, cuando se negaron a realizar la consulta previa y, luego, cuando violó la Constitución para habilitar a su candidato presidencial a una tercera elección en complicidad con el Tribunal Constitucional (de dudosa moral e independencia desde ese momento).
- Es la derrota del ala indigenista del gobierno, arrinconada en la Cancillería; si aún respiraba fue aplastada por el ala neoliberal y capitalista del MAS
Más allá de estas consideraciones, el gobierno tal vez quiso y quiere infundir miedo con la expulsión, sin percatarse (o seguro de) que el miedo alimenta la dictadura, pero también la rebelión.
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