Fobomade

TIPNIS, CONISUR

By Draven3166 on Jue, 04/04/2013 - 10:34
Fobomade
Adolfo Moye

Entre los ofrecimientos del gobierno de Evo Morales durante la supuesta consulta realizada a través de los  ministerios de Obras Publicas y Agua y Medio Ambiente a las comunidades del TIPNIS, para que avalen la construcción el trazo de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos por el medio del TIPNIS tal como le interesa al gobierno, se encontraría la construcción de viviendas en las comunidades del territorio indígena. Para tal fin, el CONISUR figuraría como organización representativa del TIPNIS.

Hoy el gobierno, presionado por los comunarios, en su intención de dar cumplimiento a sus ofertas,  enfrenta una realidad complicada puesto que las comunidades del CONISUR se encuentran solo en el polígono 7 y poseen espacios territoriales  muy reducidos. Tanta es la complicación que la comunidad del propio presidente del CONISUR, Gumercindo Pradel, es decir Sazasama, cuenta con un área que alcanza a solo  30m de ancho por 40m de largo. La “comunidad” Sazasama cuenta con una cancha de futsal poli funcional, una escuela, la vivienda del maestro, una posta de salud y la vivienda del presidente del CONISUR. Según los datos presentados por el gobierno durante la supuesta consulta, en esta comunidad habitan  entre 19 a 20 familias. En el pequeñísimo espacio que le sobra a la comunidad es  imposible construir 19 o 20 viviendas, ni siquiera destruyendo las infraestructuras mencionadas.

Una opción para darle solución al problema de falta de espacio de las comunidades del CONISUR sería utilizar el sobre suelo, es decir construir edificios de 19 a 20 pisos y colocar a cada familia en un departamento por piso. Así no se afectaría el área de los sindicatos que rodean a estas comunidades. Algo similar a la propuesta de construir un puente por encima de la masa boscosa (aéreo) en el TIPNIS, para unir la carretera que une Villa Tunari San Ignacio de Moxos.
Pero ¿dónde está el conflicto de fondo con el que tropieza el gobierno? Las comunidades del CONISUR como Limo, Puerto Patiño, Sazasama, ubicadas dentro del polígono 7 habitan reducidos espacios,  justo a la orilla de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos. Por lo tanto se encuentran rodeadas de chacos y urbanización de los sindicatos de colonos. Tomando el ejemplo de la comunidad Sazasama, en rigor se trata de uno más de los lotes urbanizados de la población Villa Bolívar, perteneciente al sindicato Villa Bolívar. Por este motivo, Sazasama se encuentra cercada con alambre de púas, tal como todos los otros lotes urbanos. Si en esta mini comunidad (Sazasama) se realizó la consulta en la que el gobierno obtuvo los datos del número de familias que la habitan ¿estarían las 19 o 20 familias? Y si estuvieron ¿dónde es que  tienen sus viviendas? O ¿dónde radican? Sin duda viven con los colonos, como sus trabajadores, e incluso realizando trabajos ilícitos como pirateos de madera y otras actividades ilegales.

Lo cierto es que para construir viviendas para las familias de estas mini comunidades analizan la posibilidad de trasladarlos a otras áreas. Estoy de acuerdo en que tienen el derecho a gozar de una vivienda cómoda, pero si la reubicación implica trasladarlos dentro del TIPNIS, precisamente por donde pretenden abrir la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, resulta preocupante ya que han sido obligados a cambiar su modo de vida y sus actividades para subsistir y generar ingresos, razón por la que han quedado reducidos a espacios mínimos y, en otros casos, sus comunidades se han extinguido definitivamente, mientras el área colonizada fue y continua expandiéndose en lo que fueron sus territorios. El peligro es inminente para los tres pueblos indígenas que alberga el TIPNIS, pues esta es la vía para decretar su desaparición.

Además de ello, los habitantes de las mini comundiades del CONISUR deben enfrentar una discriminación tan cruel que los obliga a vivir encerrados en un canchón donde supuestamente cuentan con servicios básicos, una pequeña posta, un maestro y una escuelita con su canchita polifuncional, pero a su alrededor, se observan hospitales, colegios súper equipados, coliseos cerrados, canchas de futbol y parques de recreación, que no pueden utilizar.  ¿Esa es la solidaridad que pregonan los dirigentes colonos empezando desde el ejecutivo de las seis federaciones señor Evo Morales Aima?  ¿Es gracias a esa solidaridad  de los colonizadores que los pueblos indígenas del CONISUR desarrollan, se superan, se civilizan y viven mejor que antes, incluso mejor que los  mismos indígenas que habitan dentro del TIPNIS?
Para mí la realidad de estas comunidades es muy triste, ya que sufren la opresión de ser obligados a cumplir las decisiones tomadas en los ampliados de los sindicatos, centrales, federaciones, incluso políticamente asumidos al partido y obligados a elegir a candidatos.

Como ex presidente del TIPNIS y pensando en nuestro verdadero futuro, puedo afirmar que la demanda de los pueblos del TIPNIS es simple: “Queremos el ejercicio pleno de los derechos vigentes, no estamos exigiendo una ley más”. No necesitamos que nos respondan con la promulgación de más leyes cuando se presentan los conflictos. Como el caso reciente de los Urus en Oruro: se les prometió una ley “integral”, pero ello no responde y menos resuelve el hecho de que les han arrebatado sus tierras, las han contaminado y ahora las cercan con alambre de púas para dejarlos fuera.

icono-noticia: 

¿CONSULTA INDÍGENA?

By CarlosIMV on Mié, 02/01/2013 - 12:05
Fobomade
Johnny Cárdenas

No por mucho madrugar, amanece más temprano, se podría decir de los afanes gubernamentales por declarar concluido el proceso de consulta indígena en el TIPNIS.

Es que los anuncios del gobierno, se dan en medio de pronunciamientos de rechazo de los pueblos indígenas de tierras altas y del Chaco, Oriente y Amazonía aglutinados en sus representaciones nacionales como son la CIDOB y la CONAMAQ, así como  las organizaciones indígenas a nivel internacional, COICA, CAOI, Consejo Continental de la Nación Guaraní, y de informes paralelos de organizaciones de derechos humanos que han verificado irregularidades en la post consulta gubernamental.

Se ha dicho hasta el cansancio que un proceso de consulta acorde con el derecho internacional exige actuar de buena fe; garantizar  la igualdad de oportunidades, la información previa, oportuna y adecuada y, la veracidad de la información; la participación, la autonomía y la representatividad a través de las instituciones propias;  y la libertad, por mencionar sólo algunos de los principios.

Tales principios se encuentran plenamente fundamentados en el derecho internacional de los derechos humanos y se integran en diferentes marcos normativos y jurisdiccionales que se constituyen en obligaciones para los Estados que, como es el caso de Bolivia,  han ratificado el Convenio 169 de la OIT. No aplicar esos principios, implica incurrir en vulneración de los derechos que constituyen garantía para la supervivencia de los pueblos indígenas.

Y como una cosa lleva a la otra, la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, sitúa en la ilegalidad cualquier actuación que se realice dentro de territorios indígenas.

Más allá de los principios del derecho internacional, para el caso boliviano los derechos indígenas están protegidos por la Constitución Política del Estado y otras normas vigentes como lasleyes 1257 y 3760, y las condiciones que debían garantizarse en el proceso de (post)consulta están claramente señalados en la sentencia número 300 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declara la “constitucionalidad condicionada” para los artículos de la Ley 222 que tienen que ver con el desarrollo o aplicación de la consulta: el artículo 3 (el Ámbito de la consulta), el 4 (la Finalidad de la misma); el 6 (las obligaciones de los Órganos del Estado en el proceso); y, el 9 (las Etapas de la consulta).

Pero a la ilegalidad evidente del proceso de post consulta gubernamental, se suma la ilegitimidad de los supuestos resultados anunciados por el gobierno.  Para  nadie es desconocido que ante la resistencia de los pueblos indígenas del TIPNIS ante un proceso vulnerador de sus derechos, el gobierno acudió a la prebenda, a la división de las organizaciones indígenas y al desconocimiento de sus  autoridades, que remplazó por operadores políticos.

Es esas condiciones, en rigor no se puede anunciar la finalización de un proceso que nunca se llevó a cabo en las condiciones de legalidad y legitimidad exigidas.  El gobierno cumplió un cronograma de recorridos oficiales por el TIPNIS, pero no consultó, no generó consenso, no respetó la organicidad y a las autoridades legítimas de los pueblos indígenas, no cumplió con el mandato de la constitución y  las leyes y tampoco aplicó el fallo de la sentencia  constitucional.

* Johnny Cárdenas es Presidente de FOBOMADE

 

icono-noticia: 

ÉTICA Y PUEBLOS INDÍGENAS

By CarlosIMV on Jue, 19/07/2012 - 19:01
Fobomade
Patricia Molina

Las prácticas observadas durante la última semana sobre los “acuerdos” entre el ministro Romero y los dirigentes que se encontraban en la IX Marcha, así como con los corregidores del TIPNIS constituyen una demostración de conducta no ética que está haciendo crisis en las relaciones humanas pero en particular en las relaciones del Estado con los pueblos indígenas.

A esto debe agregársele toda la gama de folletos, spots y otros documentos emitidos desde el Ministerio de Comunicación y pagados para su difusión en los diferentes canales y medios de comunicación durante el último mes. Todo ello apunta como en toda crisis, a un cambio de valores, en el caso actual, a un retroceso en la toma de conciencia sobre los derechos humanos de aquellos que fueron sujetos de dominación y destrucción, como son los pueblos indígenas del continente.

Dichas acciones muestran la creación de esterotipos asociados a los pueblos indígenas de tierras bajas y de los marchistas, en la marginalidad absoluta, como trofeos tras cada acuerdo. El extremo fue cuando Romero firmó con los EsseEjjas de Eyeyoquibo, antes uno de los pueblos más aguerridos y temidos. Actualmente los EsseEjjas de Eyeyoquibo son uno de los pueblos más vulnerables del país, ya que habitan en un área de 10 Km2 adquirida por una Iglesia, cerca de Rurrenabaque, sobreviviendo de la pesca en el río Beni, por la que compiten con los pescadores comerciantes. Romero se refirió a ellos señalando que sus pedidos fueron muy reducidos: alguna ropa deportiva y 10 has de terreno y que por tanto su equipo de funcionarios estudiaría sus verdaderas necesidades.

Antes había firmado con una familia de tres integrantes tacanas del Territorio Indígena Multiétnico II y el sábado anterior con el entonces presidente del Consejo Regional TsimanMoseten (CRTM), un ex corregidor chiman de Puerto Yucumo, una población de Pilón Lajas situada a pocos metros de la carretera YucumoRurrenabaque, posesionado hacía menos de dos meses. Con él fueron presentados en TV dos corregidores y un marchista de la TCO que hablaba solo chiman y no pudo responder a la solicitud del periodista. El mismo presidente del CRTM no lee español, tal vez por eso se entienda que el Acta que firmó no consigna nada que pueda considerarse logro para su pueblo, a más de  compromisos de cumplimiento de lo que ya está establecido o de búsqueda de proyectos para todos los pueblos de la CPILAP, la regional de CIDOB a la que pertenece el CRTM. Los otros dos corregidores permanecieron en la Marcha y relataron la forma en que los subieron a un auto oficial sin saber donde iban y luego los amedrentaron rodeados de policías y funcionarios, antes de ser mostrados delante de las cámaras.

Después de la firma de este “acuerdo”, funcionarios del Ministerio de Autonomías fueron al local donde estaban durmiendo los marchistas e intentaron hacer salir a los integrantes de Pilón Lajas, junto con el presidente firmante, quien fue increpado por su pueblo y conminado a quedarse hasta el día siguiente, mientras los otros procedían a su desconocimiento. Entre los funcionarios se encontraba Edgar Morales, ex vicepresidente del Territorio Mosetén, a quien los integrantes de su pueblo increparon enojados. Esta persona había sido desconocida como vicepresidente meses atrás debido a que se lo encontró explotando madera ilegal. Romero confirmó a los medios que se trata de un funcionario de su ministerio. A la fecha, Edgar Morales se encuentra tratando de concretar el desconocimiento del presidente de la TCO Mosetén, Marcelino Chairique y figura en la firma de otros acuerdos con las comunidades.

El último acuerdo fue con los corregidores del TIPNIS, quienes fueron transportados intempestivamente a la sede de gobierno, de acuerdo al ex presidente del Tipnis, Adolfo Moye, tras amedrentaciones y otras formas de presión, forzados a aceptar el denominado protocolo de consulta, concentrados en reuniones a puerta cerrada donde se excluye a quienes se considera de opinión diferente.

Estas acciones muestran la forma en que el sector en el poder reconoce a los pueblos indígenas de tierras bajas, percibiéndolos diferentes, perniciosamente diferentes. El atraso, lo primitivo, salvaje  y la marginalidad a los que se trata de asociarlos en cada spot o folleto implica la necesidad de su transformación, para convertirlos en ciudadanos, como sujetos pasivos sin historia ni contemporaneidad. En consecuencia, necesitan (aunque ellos lo ignoren) carreteras, parcelar su espacio abierto, convertirlos en peones agrícolas, de cocales, u otros cultivos. Es decir que dejen de ser obstáculo para el avance de la modernidad capitalista.

El estereotipo de marginalización  creado alcanza también al territorio. En el folleto: “Atrapados en el Paraíso”, denunciado por el ex presidente del TIPNIS Adolfo Moye y por el diputado indígena Pedro Nuni, bajo la Ley contra el Racismo y la Discriminación, se describe al Territorio Indígena y Parque Nacional como un curichal insalubre y peligroso donde todos los niños mueren si no de enfermedades como  el dengue, malaria o tuberculosis, picados por una víbora. En la zona de  mayor pluviosidad del país, que en algunos lugares sobrepasa los 5000 mm, por tanto un ecosistema con abundante producción alimentaria, sus habitantes mueren de hambre, de acuerdo al Ministerio de Comunicación.

El TIPNIS fue creado bajo criterios de conservación como Parque en 1965 por la extraordinaria riqueza y diversidad natural del área, la consecuente importancia de la protección de las cuencas regionales, de las nacientes de los ríos, la riqueza de los recursos naturales, paisaje y la belleza escénica, ubicado en un espacio céntrico significativo en la zona de transición de la Cordillera de los Andes a la Amazonía, con unidades en la serranía, pie de monte y llanura beniana. Tras la  Marcha Indígena por el Territorio, el Parque Nacional IsiboroSécure fue reconocido como territorio indígena ancestral de los pueblos mojeño trinitario, yuracaré y chiman, con lo que se reconocía implícitamente la compleja relación entre diversidad cultural y diversidad biológica, que estructura la riqueza biológica del territorio.

La IX Marcha Indígena tiene pues otro mérito, otra batalla ganada: el estereotipo gubernamental de cosificación de los pueblos indígenas que los sitúa en la marginalidad del sistema, para seguirlos excluyendo, confronta con la solidaridad despertada por los marchistas, que responde al reconocimiento de los pueblos indígenas en el marco de una concepción ética y política. Y esta disputa se da también en el espacio de los medios, los que en cada nota, en cada programa, en cada entrevista,  reflejan las diferentes representaciones de la alteridad, de la percepción del otro, del ser diferente que es el poblador indígena del bosque. Como enseñaron Confucio, Lao-Tse, Sócrates, Aristóteles, Tomas de Aquino, Montesinos, Hidalgo, Nariño, Gandhi, Marthin Luther King y otros tantos, la política ha de ser ética y la ética ha de ser  política para que haya justicia, libertad y felicidad.

Se requiere una concepción ética que situándose desde el lado de las víctimas del sistema, les reconozca el derecho a una comunidad de vida y a un proyecto de vida. Dussel, el filósofo de la liberación, quien recupera de manera critica todas las éticas, propone una ética de la vida y de la vida humana, porque la pulsión de todo ser humano es vivir a plenitud su vida humana total en todas sus dimensiones.

Esto es lo que demanda la IX Marcha Indígena: el reconocimiento del derecho de los pueblos a producir, reproducir y desarrollar su vida en comunidad, de acuerdo a su proyecto de vida.

icono-noticia: