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El Alto
Declaran ilegal al instituto IPCE&s y lo cierran
Aurea Balderrama, subdirectora de Educación Superior. Foto/Erbol


Martes, 12 Marzo, 2019 - 16:52

El Instituto Técnico IPCE&s de El Alto fue declarado ilegal por la Dirección Departamental de Educación, y este martes fue cerrado tras constatarse que no está autorizado a seguir funcionando.  

La subdirectora de Educación Superior de Formación Profesional de la Dirección Departamental de Educación, Aurea Balderrama, informó con anterioridad a Erbol que el Instituto Técnico  IPCE&s de El Alto desde diciembre de 2018 tiene la condición de ilegal y no está autorizado a seguir funcionando porque no logró renovar su Ratificación de Autorización de Funcionamiento de parte del Ministerio de Educación.

Indicó que en octubre del año pasado se dio un plazo excepcional a todos los propietarios de distintos institutos para que hasta el 31 de diciembre de 2018 puedan presentar la solicitud de ratificación, pero el IPCE&s no hizo llegar ningún pedido en ese sentido, más al contrario envío una solicitud de ampliación de carreras que no correspondía. 

La última Resolución Ministerial N° 853/2011 del 29 de diciembre de 2011,  está firmada por el Ministro de Educación Roberto Aguilar, otorgando una licencia de seis años para las carreras de Técnico Medio en Programador de Sistemas Informáticos; Auxiliar Contable, y Secretario Administrativo.

Resolución Ministerial firmada por el ministro Roberto Aguilar. Foto/Erbol

La misma resolución cerró las carreras de Reparador en Radio y Tv a nivel Auxiliar Técnico; Manejo de Paquetes Administrativos y Técnicas de Oficina. Según datos obtenidos en la Dirección Departamental de Educación, éstas fueron cerradas porque el Instituto ofrecía cursos sin tener infraestructura ni laboratorios.

La Dirección de Educación abrió una investigación a partir de varias denuncias de padres de familia y alumnos afectados y, dado que el propietario Elmer P. R. no ha solicitado en su tiempo Ratificación de Autorización, ha concluido que el IPCE&s entró al plano de instituto ilegal, por lo cual recomendó a la ciudadanía en general, particularmente de El Alto, no tomar en cuenta a este centro de enseñanza técnica.

El informe con conclusiones recomienda al Ministerio de Educación el cierre definitivo y no se conceda más licencia de funcionamiento a nombre del propietario. 

Balderrama informó que en asuntos similares el Ministerio de Educación ha instruido remitir el caso al Ministerio Público para abrir una investigación penal, tomando en cuenta que se habrían cometido ilícitos en el desarrollo de sus actividades.

Consultada sobre la situación de los estudiantes que están a media carrera, informó que la Dirección de Educación se encarga de buscar otros institutos para autorizar su traspaso y evitar perjuicios. 

Para aquellos alumnos que dieron exámenes de grado en enero de este año, la autoridad ordenó a sus técnicos enviar una carta de virtual conminatoria para que el instituto remita documentación completa del “centralizador de grado” porque hasta la fecha solo ha remitido “centralizador de calificaciones”.

En torno a los docentes impagos, recomendó enviar a la autoridad competente  una carta de denuncia que podría acompañar al informe y la resolución a ser puesta en consideración del Ministerio Público.

Según los datos de la Dirección de Educación, nueve días antes que concluya la licencia de funcionamiento, el IPCE&s continuaba recibiendo reservas de inscripción con un depósito de Bs 200. De acuerdo a una visita efectuada el viernes de la semana pasada,  el instituto mantenía su oferta de formación técnica.

Instalaciones del Instituto en la ciudad de El Alto: Foto/Erbol

En sus paneles expuestos al público, el instituto muestreaba RM-388/98, RM-383-02 y Certificado con el rótulo “Empadronado” firmado por el extinto ministro de Educación Tito Hoz de Vila en 1998. Adicionalmente exhibió un viejo avisaje comercial donde figuran los institutos legalmente autorizados.

En sus contratos civiles de prestación de servicios, el propietario cita que el instituto está reconocido por RM 388/98, RA 383/02 y RM 853/2011 y se obliga a cancelar la suma de Bs 20 por hora reloj, no entendiéndose como pago de salario o remuneración de tipo laboral y por tratarse de una relación de orden civil.