Denuncian a un instituto por perjuicio a docentes y alumnos

Padres de familia de jóvenes estudiantes de la ciudad de El Alto denunciaron al Instituto Técnico IPCE&s por ocasionar perjuicio a sus hijos que postularon a carreras técnicas, mientras que una decena de docentes reportaron estar impagos desde diciembre del año pasado. 

Los afectados identificaron al director-propietario de IPCE&s como Elmer P. R. a quien no logran para el cobro de salarios adeudados que oscilan entre 2.100 a 10.000 bolivianos. El personal dependiente argumenta que no logran obtener un crédito bancario y que tampoco las deudas por pensiones en mora.

A inicios de año cerca de 60 alumnos pagaron entre 900 a 1050 bolivianos para habilitarse al examen de grado y optar al cargo de Técnico Medio en Programador de Sistemas Informáticos; Auxiliar Contable, y Secretario Administrativo.

Para el efecto, el dueño de manera verbal contrató a los mismos docentes pero los trámites de titulación no llegaron al Seduca. Esta entidad informó a Erbol que solo tiene recepcionado el envío de “calificaciones” y no “centralizadores de grado”. Este medio intentó comunicarse al teléfono del Instituto y no tuvo respuesta alguna.

Indicaron que cuando formulan reclamos, el propietario reacciona de manera prepotente, ostentando tener “influencias políticas en el gobierno” para anular cualquier denuncia en su contra. En diciembre de 2014, el entonces diputado del MAS Lucio Marca le confirió una distinción por considerarlo director de uno de los mejores institutos de formación técnica.

Los denunciantes remarcaron el abuso de autoridad porque para eludir la acción de la justicia laboral, Elmer P. opta por firmar contratos civiles de prestación de servicio, donde obliga a los docentes y empleados a no recurrir al Ministerio de Trabajo y resolver controversias vía laudo arbitral de la Cámara de Comercio de La Paz.

Erbol visitó la inspectoría del Ministerio de Trabajo donde aseguraron que el tipo de contrato es ilegal porque en el fondo se trata de una relación obrero-patronal, más aún si los docentes son obligados a firmar libros de asistencia. Además que para que el contrato tenga validez los docentes deberían acreditar un NIT en calidad de profesionales independientes y como no ofrecen, son objeto de descuentos por retenciones tributarias.

En septiembre de 2017 mediante Resolución N° 181721002092, la Gerencia Regional de Impuestos Nacionales El Alto sancionó a Elmer P. con 124.821 UFVs por tributos omitidos en las gestiones 2014-2015. Sin embargo el afectado apeló ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria y logró anular el caso hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional, es decir, fojas cero. 

Otra de las denuncias es la contratación eventual a “jóvenes volanteros” para la promoción del Instituto quienes también estarían impagos.  Los afectados pidieron a las autoridades que intervenga de oficio con actos de fiscalización, tomando en cuenta los antecedentes de maltrato laboral a los mismos empleados y perjuicio a los estudiantes.