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Este jueves, la FELCV de Cochabamba registró dos casos de brutales feminicidios en la zona Sur de esta Ciudad. En el primer caso, un hombre está acusado de usar un palo para matar a su pareja y en el segundo otro sujeto supuestamente apuñaló y quemó a la suya.
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Los mismos habitantes de Pichari denunciaron que el proyecto no se ejecutó. Entonces, se envió un investigador de la Fiscalía que pudo comprobar que no sólo el proyecto es “fantasma”, sino que se desviaron estos recursos para construir granjas de pollos en propiedad privada.
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El 17 de agosto, un enfrentamiento entre cooperativistas de la empresa minera Ananea y pobladores derivó en la muerte del policía José Luis Quispe Cruz. José Luis C. P. está acusado por los delitos de homicidio, desobediencia a la autoridad, además de lesione graves y leves.
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Según reporte de la radio Pío XII de la red ERBOL, el hecho ocurrió en la zona de Isiboro Sécure en Cochabamba cuando efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ingresaron a esta región en un operativo antidroga.
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Hasta el momento sólo dos de los tres fallecidos fueron identificados. Ellos son: Felicidad Cañera (56) y Vicente Torata (28).
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Algunos uniformados optaron por trabajar en el magisterio, empresas de seguridad privadas y oficinas públicas en el área de administración. Asimismo indicó que existen al menos 80 policías con procesos administrativos.
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Carlos Toro presentó una denuncia en Estados Unidos para que se le pague cinco millones de dólares por sus servicios de informante de la DEA. En este documento, el colombiano aseguró que esta agencia antidroga lo reclutó para participar en un caso en que se implica al Vicepresidente.
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En los años 2009 y 2012, el acusado fue hallado en posesión de marihuana y otras sustancias similares. El 9 de septiembre, el “Colombis” fue captado en video asaltando a un transeúnte en complicidad con Germani Arce, alias la “Choca” y dos patrulleros policiales.
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Carlos Toro aseveró que fue reclutado para participar en el caso Bolivia, que implica al vicepresidente Álvaro García Linera.
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El Gobierno lo acusa de ser autor de la muerte de 13 personas: 6 campesinos, tres normalistas, 2 moradores de Porvenir, un pastor evangélico y un soldado, durante el enfrentamiento registrado en septiembre de 2008 entre funcionarios de la prefectura y campesinos.