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El operativo se realizó en una pista clandestina ubicada en la región del Vraem y el alcaloide estaba listo para ser trasladado a Bolivia en una avioneta.
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Limachi ha emprendido una fiscalización de los juzgados. En esta tarea, afirmó que ya se están procesando a 10 jueces por faltas gravísimas. Sin embargo, su labor provocó que ella y sus colaboradores reciban amenazas contra su integridad física y la de su familia.
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La semana pasada, la delegada departamental del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, Mónica Limachi, denunció que esta juez fue acusada por al menos 20 privados de libertad de este centro penitenciario por cometer irregularidades en los procesos en su contra.
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Según los familiares, la madre dejó una carta escrita junto a los cuerpos de los menores fallecidos en la que supuestamente explica las razones de su decisión. De igual manera se conoce que la mujer tenía problemas con su pareja desde hace muchos años.
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El capitán Gómez habría operado a instancias de Humberto Quispe cuando éste no era el fiscal asignado al caso respectivo y tampoco tenía órdenes de sus superiores para hacerse cargo.
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El hecho ocurrió esta semana cuando el teniente coronel William F.C. circulaba en su motocicleta por la zona Sur en plena madrugada. Cuando el uniformado pasó por el lugar donde se desprendió el cable, parte de su cuello fue cercenado y murió.
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Ambos sostenían una relación sentimental y la mujer al saberse en apuros económicos le habría pedido a Gregorio Ch.M. matarla, por lo que éste la llevó al alojamiento para concretar el pedido de la ahora fallecida.
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Dijo que esta situación es alarmante porque los presos incluso emitieron más de un voto resolutivo para exigir el cambio de esta autoridad judicial, pero que ninguno de ellos fue tomado en cuenta por las autoridades.
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Los informes preliminares revelaron que horas antes un camión de alto tonelaje pasó por el lugar y se enganchó en el cable, provocando que éste se aflojara y cayera hacia abajo a una altura de 1.50 metros.
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Luna, abogada de profesión, denunció que en 2012 uno de sus colaboradores le robo documentos. Después, Quispe junto al capitán allanaron su oficina acusándola de falsificación, mostrando como prueba los papeles sustraídos anteriormente.