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Las dos personas tienen signos de cortes y golpes de machete y cuchillo en partes del cuello y la cabeza. La autoridad tampoco pudo proporcionar la identificación de las personas.
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Detalló que entre los documentos que se presentarán están los descargos del patrimonio de Zapata y un conjunto de evidencias que prueban que la joven no tuvo ninguna participación en los hechos que se investigan y que demuestran que ella no fue funcionaria pública.
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En la audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales explicó la supuesta relación de los hechos en la que se demostró que Blanco supuestamente trabajaba como abogado en el estudio jurídico de Milton Mendoza.
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La comisión de fiscales llamará al vocal Rubén Ramírez a prestar declaraciones informativas para ver el grado de participación que habría tenido.
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Consultado si conocía las actividades, reuniones, encuentros que desarrollaba Zapata en dependencias del ministerio de la Presidencia, manifestó que “no tenía ningún conocimiento, ni de las visitas que efectuaba...De hecho desconocía quién era la señora Gabriela Zapata”.
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La agrupación ciudadana Soberanía y Libertad (SOL.BO) presentó su propuesta que fue elaborada por el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, mientras que el oficialista Víctor Borda anunció la presentación de seis proyectos de ley.
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“Nótese que no soy parte, no estoy siendo imputado, pero sí estoy siendo y voy a ser a partir de ahora investigado. Que investiguen todo lo necesario, no me hago ningún problema, pongo a disposición mi celular, mi equipo y todo lo que vean conveniente”, manifestó el vocal.
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Juan Carlos Sánchez, responsable de la Defensoría del municipio de Cercado, dijo que durante el operativo realizado a un colegio privado de la zona Norte de la ciudad, se halló tres gramos de marihuana en la mochila de un alumno.
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El abogado de Zapata también aseguró que vio al hijo que el presidente Evo Morales tuvo con su defendida. “Claro, lo hemos visto, más que eso, es la autoridad jurisdiccional es la que ha hablado con él", dijo.
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Guerrero se presentó en el Senado para prestar un informe de las investigaciones sobre el incendio provocado que acabó con la vida de los seis funcionarios ediles.