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El Ministerio asegura que “después de la admisión y gestión de denuncia”, el caso se encuentra a la fecha dentro el plazo de investigación, lo cual revela que las afirmaciones de ambos políticos carecen de veracidad y utilizan información distorsionada.
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Ocurrió en General Rodríguez, Buenos Aires. El acusado, luego de quemar los cuerpos en un predio lindante a su casa, arrojó los restos en el Río Luján. Ahora está detenido.
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El plazo puede ampliarse tal como sucede en el caso de los hermanos García Linera, Felipe Quispe por el EGTK que hasta el 2016 seguían conciliando. Si no hay acuerdo, el siguiente paso es formalizar denuncia ante la Corte donde la Comisión es acusadora junto a las víctimas.
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El diputado Gonzalo Barrientos, virtual jefe de bancada de UD, criticó que el MAS no quiera investigar a otras empresas brasileñas y anunció que la comisión de opositores investigará a las firmas Queiroz Galvao y OAS, que también son de Brasil y tuvieron proyectos adjudicados en Bolivia.
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El presidente del SIN Mario Cazón pidió a la población que denuncie a falsificadores y/o vendedores de facturas, y reiteró que en la Administración Tributaria se aplica la política gubernamental de cero tolerancia a la corrupción.
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El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el viceministro José Luis Quiroga, dedicaron una conferencia de prensa al conflicto en Yungas y sostuvieron que Gutiérrez tiene vínculos y “amigos” de la derecha más radical.
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El jefe policial resaltó que los delincuentes incluso ofrecían en redes sociales placas a pedido, lo que da cuenta que ellos se dedicaban a buscar vehículos de acuerdo al requerimiento de sus clientes para robarles sus matriculas.
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La abogada recalcó que el jurado toma la decisión sobre los hechos, pero el juez puede observar sólo las cuestiones legales del veredicto para determinar una modificación.
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La defensa de Goni manifestó este veredicto no es el paso final del juicio, puesto que plantearon observaciones a la decisión del jurado y el tribunal solicitó información complementaria.
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El vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo que la Comisión investigará a los funcionarios de Gobierno, que de acuerdo a la justicia brasileña, habrían recibido sobornos entre 2004 y 2006 de parte de una empresa constructora brasileña.