Ministerio de Gobierno recibe 24 denuncias
El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno, Miguel Albarracín, informó a Erbol que a su despacho llegaron 157 denuncias sobre casos de corrupción y extorsión, de los cuales 24 son referidos a la red de extorsión gubernamental, conformada presuntamente por Boris Villegas, Dennis Rodas y Fernando Rivera, ex funcionarios jerárquicos de esa cartera de Estado.
“Sobre la red de extorsión han llegado 24 casos, donde realmente nosotros tenemos la certeza de que existen muy serios indicios de responsabilidad, luego de la evaluación de nuestro equipo jurídico, y que ameritan una seria investigación”, manifestó el funcionario.
Señaló que los denunciantes narraron cómo fueron afectados “profundamente” en su integridad y cotidianeidad por la red delictiva e incluso se “los privó de su libertad” y “despojó” de sus “pocos recursos económicos”.
“Se los obligó a acceder a actos de extorsión para poder librarse de la presión que estaban recibiendo”, agregó.
“Uno de ellos ha sido el caso del secuestro de un profesional donde no se ha cumplido con ninguno de los requisitos para hacer una detención. Existen funcionarios que sin tener la función y la competencia pertinente han actuado en operativos que no eran de su competencia. Este abuso de autoridad estaba incorporado con elementos de extorsión”, manifestó Albarracín.
Más funcionarios involucrados
Albarracín indicó que su unidad recibió 47 denuncias contra funcionarios y exfuncionarios del ministerio de Gobierno por abuso de autoridad, extorsión y apropiación de bienes, de los cuales un 60 por ciento involucran a policías, suboficiales, oficiales, fiscales y jueces.
“Lo hicieron aprovechándose de sus cargos”, dijo.
Otros 87 casos provienen en su mayoría del interior del país y hacen referencia a denuncias de corrupción, extorsión y actos ilegales “contra funcionarios de otros ministerios o de otras reparticiones públicas”.
El 70 por ciento involucra a jueces y fiscales.
Las denuncias provienen de La Paz, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Cochabamba y Oruro, donde los acusadores dicen ser “víctimas de actos de corrupción por algún funcionario público, pero no necesariamente del Ministerio de Gobierno”.
