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El diputado Rafael Quispe pidió hoy de manera formal al Ministerio Público la aprehensión de 11 personas, entre dirigentes de organizaciones sociales y funcionarios públicos, por el caso de corrupción en el Fondo Indígena.
En la lista están: Melva Hurtado (Presidenta de la CIDOB), Damián Condori (exejecutivo de la CSTCB), Juanita Ancieta (ejecutiva de las “Bartolinas”), Julia Ramos (exejecutiva de las “Bartolinas”), Jorge Choque (Senador), Maribel Karina Villegas, Richard Hernán Reyes, Ramiro Alanoca, Crispín Machicado, Édgar Jorge Mejía y Corina Bailaba.
El legislador sindica a estas personas de daño económico al Estado y amenazarlo de muerte.
“Hemos sido amenazados de muerte por los imputados quienes además vienen amedrentándonos para que no prosigamos con la denuncia, al colmo de que nos han amenazado incluso de amenazarnos físicamente”, dice el memorial presentado por Quispe.
Su abogado, Eduardo León, agregó que existe el riesgo de fuga de estas personas por las grandes cantidades de dinero que manejaron del Fondo Indígena. Calculó que entre los mencionados administraron 1.300 millones de bolivianos.
El denunciante también pidió que otras siete personas sean convocadas para comparecer. Entre ellas: la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, Ever Choquehuanca (exejecutivo de los interculturales) e Hilarión Mamani (jiliri apu mallku del Conamaq).
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