Falta de voluntad permite tortura en Bolivia
La directora del Instituto de Terapia e Investigación de las Secuelas sobre la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Emma Bravo Cladera, sostuvo que la falta de voluntad política del gobierno permite que continúen los casos de tortura en el país y la carencia de una ley específica hace que esta situación se haga cotidiana.
“No hay voluntad política del gobierno de resolver estos casos, si ellos hubieran querido hacer justicia hace mucho rato se hubiera hecho justicia, en todos los juicios que están pendientes, que están en la impunidad”, sostuvo Bravo.
Manifestó que a excepción del caso de la masacre de octubre de 2003, donde se inició y llevó a cabo un juicio, “en todos los demás hasta ahora no hay un seguimiento y enjuiciamiento de los casos de tortura”.
La tortura consiste en causar de forma intencional un grave dolor físico o psicológico a alguien para intentar quebrar su resistencia física y moral despojándolo de su integridad. La finalidad suele ser obtener una confesión o funcionar como castigo al torturado.
La normativa no avanza
La experta señaló que una propuesta de proyecto de ley presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en 2010 “está durmiendo el sueño de los justos” por la falta de interés de las autoridades. El comentario lo confirmó el presidente de dicha Comisión, Ever Moya, quien dijo que “el documento fue archivado”.
Bravo refirió, además, que la carta dirigida al presidente Evo Morales en junio de 2011, donde se le plantea la necesidad de contar con una Ley Contra la Tortura, hasta ahora no tiene respuesta porque eso significaría confrontar al gobierno con las Fuerzas Armadas y la Policía, que son “instituciones que torturan”.
“Una vez más vemos que no hay voluntad política del gobierno porque una Ley Contra la Tortura toca al Ejército y a la Policía que son las dos instancias gubernamentales que han torturado y torturan en este país, entonces el gobierno no quiere tener problemas. Con los militares el gobierno tiene una política de no tocarlos y con la Policía también”, apuntó.
De acuerdo a los datos obtenidos por la institución -en el caso de la Policía- “todas las denuncias de tortura son provenientes de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) en el momento de la detención”. Denunció que ese acto cruel y degradante se realiza “con el acuerdo y la presencia del fiscal”.
“Hace poco hemos recibido el caso de un muchacho y de su madre que han sido torturados por orden de un fiscal, y menos mal que han tenido el coraje de denunciar”, dijo. Estimó que los casos de tortura en el país se dan a razón de dos por mes, esto sin contar los que no se denuncian por temor o vergüenza.
La Policía no cambió su accionar
La funcionaria cuestionó que el accionar de la policía en estos años de “proceso de cambio” no varió. “Lo que este gobierno tenía que haber hecho es comenzar a fijarse una política para cambiar una serie de métodos y la mentalidad en la Policía”, manifestó.
“La Policía sigue utilizando la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes como método de investigación e intimidación”, apuntó.
Dijo que esta vulneración a los derechos fundamentales de las personas se da porque en la Institución del Orden “no hay acceso a métodos más científicos de investigación y la tortura es el método más fácil para hacer hablar a la gente”.
Entre los casos emblemáticos de tortura no resueltos por la Justicia están el referido a Olorio, donde “un conocido delincuente fue torturado a muerte por la Policía y hasta ahora no hay una sentencia a los responsables”. El caso Caranavi con la muerte de dos jóvenes por la intervención policial.
“Otro caso que sigue pendiente y se posterga y causa mucho dolor a los afectados es el ocurrido en Sucre el 24 de mayo de 2008 –donde no participó la policía-. Las víctimas hasta ahora piden justicia y los obstáculos que se ponen para que no se realice ese juicio son tremendos. El año pasado han tenido que comenzar de cero porque un juez se retiró, se ha tenido que reconstituir el Tribunal de Juicio y la situación quedó en condiciones pésimas”, sostuvo.
Tortura en el Ejército
La activista citó el caso del subteniente Gróver Poma quien, según el informe forense, murió tras recibir una “brutal golpiza” en la Escuela de Cóndores de Bolivia en Sanandita, en febrero de 2011 y hasta ahora “no se habla más del tema”.
A este episodio se suma la reciente muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto, también en Sanandita, después de un ejercicio de “resistencia física”, según la versión oficial. Los familiares del fallecido denunciaron que el cuerpo presentaba “hematomas” y que “uno de sus testículos parecía reventado”. (Tomado de Comuna Global)
