Caso FREP: Rechazan querella contra juez
El Estado podría perder más de tres millones de bolivianos, luego que la Fiscalía rechazó una querella que se presentó contra el juez Aníbal Miranda Balboa, que autorizó el pago de más de tres millones de bolivianos al abogado Waldo Molina Gutiérrez, con recursos supuestamente públicos.
Según la resolución de los fiscales Ritva Milene Alba Balboa, Marco Antonio Rodríguez y Aldo Ortiz Troche, el recurso presentado por la representante del FOCSSAP, Fabiola Salazar, en contra del pago de honorarios profesionales por el caso del Fondo de Retiro del Empleado Público, no corresponde.
Las tres autoridades utilizan como argumento que en la documentación el dinero utilizado provino de las víctimas del FREP y no de las arcas del TGN.
“No cursa en obrados elemento alguno referente a laguna cuenta del Tesoro General de la Nación que establezca que dineros del TGN hubieran sido transferidos al FREP, por el contrario, conforme la documentación adjunta, se ha evidenciado que en el proceso FOCSSAP II, las víctimas del FREP han presentado sus papeletas con el descuento correspondiente de cada mes, por lo que el ex Juez Aníbal Miranda procedió a su devolución, documentación que cursa en los 102 cuerpos de la prueba de descargo presentada”, indica.
Esta comisión de fiscales el 9 de mayo de 2013 notificaron el rechazo a esta querella contra el ex juez Tercero de Partido en lo Penal Aníbal Miranda Balboa por el citado pago.
El Ministerio de Transparencia Institucional presentó la objeción al rechazo y ahora que debe ser resuelto por el fiscal de Distrito, quien definirá si el caso se archiva o prosigue con la investigación.
Antecedentes
El 10 de marzo de 2010, Fabiola Salazar, en representación del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, abrió querella en contra de Miranda Balboa.
“Los delitos por los que se querella el SENAPE (Servicio Nacional de Patrimonio del Estado) representado por Fabiola Salazar son de Prevaricato y Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El hecho delictivo sería el que se habrían cancelado con dineros del Estado, honorarios profesionales al abogado-apoderado de las víctimas del proceso denominado Focssap II”, señala la descripción de los hechos.
Entrevista a los abogados Fabiola Salazar y Jorge Di Meglio