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El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, aseguró hoy que sus declaraciones fueron descontextualizadas y no sufre ningún espionaje de parte del gobierno. Por su parte, la ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, le conminó a presentar la denuncia formal en las instancias pertinentes.
Flores dijo que en ningún momento hizo una “afirmación o acusación” al respecto porque como hombre de derecho, para hacer una denuncia debería reunir las pruebas y acudir ante la instancia pertinente, en este caso al Ministerio Público.
“El contexto (de mis declaraciones) fueron cambiados por actores políticos que hablaron que denuncio que hay espionaje respecto a la labor de las comunicaciones del presidente del Tribunal Constitucional, esa situación la desmiento, la rechazo, se descontextualizó el alcance de mis declaraciones”, aseveró.
Enfatizó que tiene la responsabilidad de decir al pueblo boliviano que no hay ninguna acusación respecto de que sus comunicaciones estuviesen interferidas o sujeto de espionaje de parte del gobierno.
Sin embargo, la ministra Gutiérrez no dudó en conminarlo a que presente su denuncia si es que realmente cree que es perseguido o que sus conversaciones están grabadas.
“Si él realmente se cree perseguido, si cree que realmente se están grabando todas sus (conversaciones), está en todo su derecho de presentar las denuncias correspondientes, donde él lo vea conveniente, nosotros lo conminamos”, manifestó la autoridad gubernamental.
Según La Razón, la bomba informativa lanzó Flores la mañana del lunes, en el canal televisivo Cadena A, donde comentó: “Puedo afirmar con toda certeza que tengo la seguridad de que ninguna de mis llamadas son seguras, que todas están siendo grabadas, fiscalizadas y supervisadas de alguna forma, por sistemas de Inteligencia...”.
Pero la Ministra insistió que como Ejecutivo están tranquilos y conscientes, porque no necesitarían hacer este tipo de actividades, ni lo harían nunca.
“Respetamos al Poder Judicial en sus resoluciones. Nosotros somos respetuosos de las normas y derechos humanos”, sostuvo Gutiérrez.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, indicó que sí así fuera, “sería lo último que nos puede pasar como bolivianos, pero esto debe ser motivo de investigación”.
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