Gobierno dice que Ley de Extinción no será aplicada a simple denuncia
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, aclaró hoy que el todavía proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado se activará en contra de una persona cuando ya exista la imputación formal en el proceso investigativo por narcotráfico, contrabando o corrupción pública y no a simple denuncia, tal como aseguran algunas versiones de políticos.
Pérez, en declaraciones a los medios de comunicación en la ciudad de La Paz, calificó como mentiras y falacias las versiones que aseguran que este procedimiento se activará a simple denuncia poniendo los bienes de terceras personas que no estarían implicadas en los mencionados delitos.
“Dicen una serie de mentiras, (para esta acción en proyecto) se necesita un procedimiento penal y no simple denuncia, nuestro derecho penal es de hecho, investiga un hecho en concreto y en esa investigación, el fiscal debe comprobar que existe el hecho y que es delito, además debe probar la existencia de indicios y que la persona procesada es partícipe de ese hecho que se le atribuye”, explicó.
Entonces, según la autoridad gubernamental, este proyecto de Ley no ataca en su procedimiento a los comerciantes, ni transportistas, quienes protagonizan en los últimos días masivas movilizaciones en demanda de la anulación total de la iniciativa, cuyo tratamiento se encuentra paralizado en el Legislativo después de que el presidente Evo Morales lo remitió a consulta al Tribunal Constitucional.
Dijo que el objetivo es perseguir los bienes de origen ilícito, producto de los delitos de contrabando, narcotráfico, corrupción de funcionarios públicos, porque la Ley 1008, la Ley General de Aduana o sus reglamentos, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz atacan al delincuente para sancionarlo privando su libertad.
“En cuanto a los bienes debe ejecutoriarse el proceso o sentencia condenatoria, para que puedan ser confiscados de manera definitiva y pasen al poder del Estado, mientras tanto siguen disponiendo de los bienes, siguen usando los bienes para seguir dirigiendo el crimen desde las cárceles hacia afuera, siguen usando esos bienes para sobornar policías, fiscales, jueces o comprar conciencias porque todavía continúan gozando de poder económico”, explicó.
Entonces, según la autoridad, el proyecto de Ley lo que busca es quitar a esas personas de forma eficaz e inmediata su poder económico para que no sigan activando el delito desde la cárcel.
La Paz, 14 noviembre 2012-E.C.