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Con 17 votos a favor y dos abstenciones, el Tribunal de Sentencia del Senado aprobó la sentencia sancionatoria mediante la cual destituyó a Soraida Chanez del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“El Tribunal del Senado (…) dicta sentencia sancionatoria contra Soraida Rosario Chanez Chiré (…) por haber cometido faltas muy graves al dictar resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incurrir en prevaricato por haber dictado resoluciones manifiestamente contrarias a la Ley. Por lo que, en aplicación de la Ley (…) se dispone la destitución definitiva de la sumariada”, dice la resolución.
Los senadores masistas Mario Choque y Mary Vacaflor expresaron su disconformidad con la sentencia y no acompañaron el voto de su bancada.
Choque argumentó que el cambio de la Ley 044 (de juzgamiento a altas autoridades) en medio juicio ameritaba que la Cámara de Diputados reelabore la acusación, de lo contrario se violenta el “debido proceso, el derecho a la defensa, se vulneran derechos y garantías”.
Explicó que con esta reforma el proceso pasó de ser penal a administrativo. En este sentido, señaló que “este tipo de juzgamiento, en la doctrina de jurisprudencia, se lo llama juicio político”.
A su turno, Vacaflor afirmó que no está de acuerdo con la sentencia porque la investigación no logró aportar los datos necesarios para comprobar la culpabilidad de Chanez.
“El Ministerio Público ha intentado, pero no ha demostrado, y la defensa no ha podido demostrar porque no se lo han permitido y creo que es un error que no debemos cometer”, subrayó.
La senadora advirtió que el proceso de cambio se pone en riesgo porque el Estado será juzgado en instancias internacionales por esta decisión.
Asimismo, la sentencia del Tribunal implica que los antecedentes del caso sean remitidos al Ministerio Público, para iniciar un proceso penal contra la destituida.
“Habiendo detectado elementos de convicción sobre hechos ilícitos se dispone la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente”, señala el documento.
Chanez, y sus colegas Gualberto Cusi y Ligia Velásquez fueron enjuiciados por los cargos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato, debido a que suspendieron la aplicación de la Ley del Notariado con un auto de admisión de un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.
En cuanto a delito de incumplimiento de deberes, la resolución del Senado indica que no se comprobó que Chanez haya incurrido en él.
Velásquez renunció el martes al TCP para terminar el juicio y archivar obrados, mientras que Cusi fue separado momentáneamente del proceso por estado de salud.
Ayer Chanez, aseveró que el juicio en realidad tuvo el objetivo de justificar la negligencia de Héctor Arce, a quien acusó de no prever plazos razonables para la aplicación de la Ley del Notariado y el Código Procesal Civil.
Durante el proceso, un ministro reveló una enfermedad todavía incurable que sufre Cusi y, además, Velásquez tuvo un accidente cerebrovascular.
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