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El representante de la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, se pronunció hoy sobre el caso de los tres suboficiales detenidos por pedir la descolonización de las Fuerzas Armadas y anunció que solicitaron a las autoridades militares una reunión con los privados de libertad para verificar su situación.
“Nosotros estamos haciendo el seguimiento de esta situación, es un asunto sobre el cual nosotros estamos ejerciendo nuestro monitoreo, hemos llegado al Tribunal Militar, es un caso de inquietud, hemos pedido el acceso a las personas para ya verificar su situación”, dijo Racicot.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, pidió al gobierno exigir a las Fuerzas Armadas estar en el marco del respeto de los derechos humanos.
“Nos preocupa esta situación, desde el gobierno debería exigirse que las Fuerzas Armadas se apeguen al marco de los derechos humanos. Los Quispe, los Mamani, los Apaza, son quienes estuvieron detrás de esa movilización (de los suboficiales y sargentos en abril pasado), la esencia de la movilización fue una lucha contra la discriminación y el racismo que penosamente se da al interior de la institución”, aseveró Herrera.
En la misma línea, Racicot afirmó que ahora hay que ver en qué medida la justicia militar boliviana está adecuada conforme a la Constitución Política del Estado y de las normas internacionales de respecto a los derechos humanos.
“Tenemos entendido que el Defensor del Pueblo ha realizado gestiones, es una forma positiva de parte de él, en el futuro habrá que ver en qué medida la justicia militar en el país está conforme a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos”, sostuvo el representante del organismo internacional.
Herrera acotó que cuando la APDHB visitó a los tres suboficiales detenidos por las movilizaciones de pasado abril, constataron que uno de ellos estaba encerrado en un cuarto que ni siquiera tenía acceso al servicio de energía eléctrica.
“Hicimos la visita a los suboficiales y uno de ellos no estaba en condiciones adecuadas, estaba en un cuarto sin luz, totalmente cerrado y a través de nuestra petición le cambiaron a otro lugar, eso quiere decir que las Fuerzas Armadas tienen un Código Penal, tienen una instancia para juzgar pero no tienen un sistema penitenciario para tener en las condiciones mínimas que los seres humanos puedan cumplir una sanción”, indicó Herrera.
Asimismo, ratificó que como Asamblea Permanente de Derechos Humanos consideran que el proceso instaurado contra los suboficiales es un juicio ilegal e injusto, porque el defender los derechos humanos no es un delito y los cargos por los que son sindicados (motín, rebelión, sedición) tienen que ser investigados.
Los suboficiales Jhonny Gil, Freddy Sucojayo y Franklin Colque están detenidos acusados por los presuntos delitos de motín, rebelión, sedición.
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