Imputan a 9 exautoridades de la Universidad Amazónica de Pando
Rolando Marza Figueredo
Nueve exautoridades de la Universidad Amazónica de Pando (UAP) fueron imputados por el Ministerio Público por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la constitución y uso indebido de influencias.
Según “Perla del Acre”, en audiencia de medidas cautelares, previsto para la segunda semana de octubre, un fiscal anticorrupción pedirá detención preventiva de los sindicados en la cárcel de Villa Busch.
El proceso contra las exautoridades de la UAP fue iniciada tras dos denuncias presentadas por la actual Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). La primera hace referencia a supuestas irregularidades en un contrato suscrito en la gestión 2010 para equipamiento y mobiliario destinado a los laboratorios del Área Ciencias de la Salud y la segunda, por venta ilegal de terrenos pertenecientes a la casa superior de estudios.
“Efectivamente ya ha concluido la etapa preliminar de dos de los casos de la Universidad Amazónica de Pando y los denunciados son varias personas, sin embargo el Ministerio Público a través del suscrito fiscal ha detectado elementos suficientes a fin de poder sustentar una imputación y empezar la etapa preparatoria dentro las investigaciones”, dijo el fiscal Álvaro Pemintel.
Contrato para comprar equipamiento y mobiliario
En el primer caso, el Ministerio Público imputó al exrector de la Universidad Amazónica de Pando, René Mamani Quisbert; a la responsable del Área de Laboratorio Ciencias de la Salud, María Elena Flores Patzi; y a la Asesora Jurídica y Coordinadora del Programa Ciencias Políticas, Mirtha Yaneth Serrano Ramos, por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Según Pemintel, se trata de un contrato que hubiese firmado una comisión de la Universidad Amazónica de Pando en la gestión 2010 con la empresa P&M Secunty (con sede en la ciudad de La Paz) a efectos de la adquisición de equipamiento y mobiliario para los laboratorios del Área Ciencias de la Salud, con un monto de 1.496.874 bolivianos a través de recursos de OPEP destinados a la UAP.
Las autoridades que conformaron la comisión no habrían dado cumplimiento a la labor de fiscalización, de exigir el cumplimiento del contrato y los plazos establecidos para la entrega de los equipos, además de un descuido en la vigencia de la boleta de garantía y tampoco se habría cumplido a cabalidad con el pliego de especificaciones de los materiales e insumos que debería haber llegado a la UAP, causando un perjuicio a la institución.
“En este caso se les está iniciando un proceso a todos quienes conformaron esta comisión, varias personas que fueron denunciadas a la fecha no se les ha recepcionado sus declaraciones informativas, falta citar a otras personas y según sus declaraciones, valorando sus informes se decidirá si se incluye en las imputaciones o se excluye”, mencionó el jurista.
La empresa P&M Secunty, que se adjudicó el contrato de 1.496.874 bolivianos, suscribió el contrato el 5 de mayo de 2010 y tenía un plazo de entrega de 60 días, posteriormente la empresa solicitó una ampliación de plazo por 25 días, justificando una supuesta huelga de trabajadores en el país donde se fabricaban los equipos.
En el tiempo acordado, la empresa entregó parte de los equipos y solicitó otro plazo de 90 días, hasta el 30 de octubre de 2010, tiempo en el cual la boleta de garantía expiró (tenía vigencia hasta el 1 de agosto). Según la denuncia, aparentemente sólo habría llegado un 80 por ciento de los equipamientos, varios de ellos con observaciones y el resto quedaron en el olvido.
Presunta venta ilegal de terrenos
Pemintel reveló que el segundo caso trata de una presunta venta ilegal de terrenos pertenecientes a la Universidad, que mediante una Resolución de Consejo Universitario, aduciendo un desfase económico se autorizó la venta de 20 lotes de terrenos, ubicados en la avenida Las Palmas, en la gestión 1992 – 1993.
De acuerdo a las investigaciones preliminares, los compradores de los terrenos fueron los mismos docentes, familiares y varios miembros que conformaban el Consejo Universitario. La venta de terrenos se realizó en la gestión 2002 y 2003. Pese al supuesto desfase económico de la UAP, los terrenos fueron vendidos al contado y varios a crédito (en cuotas), el último adjudicatario de los lotes en pagar a plazos fue en la gestión 2008.
Ante esta situación, el Ministerio Público imputó a las exautoridades, René Mamani, Director del Área Financiera (DAF); Arís Humerez, Secretario General; Germán Guerrero, Director Académico; María Encarnación Quispe, Vicerrectora; Maura Rivera, Directora de Carrera de Enfermería; Yoshi Arauchi, Delegada de Carrera de Biología, y Carlos Acosta, Centro de Estudiantes de Enfermería. En el mismo caso serán citados a declarar cerca de diez personas.
“Este caso es un poco complejo, no solamente se trata de una venta de terrenos de la universidad del cual se les está imputando a varias personas, también otras autoridades habrían venido un terreno de la UAP que ahora pertenece al colegio América, investigaremos a las personas que vendieron el terreno de propiedad de la universidad y bajo que sustento, todo eso se va a investigar, el Ministerio Público va a ser objetivo en las investigaciones”, detalló el Fiscal de la Unidad Anticorrupción.
“Ambas denuncias fueron presentadas por el rector de la Universidad Amazónica de Pando, Ludwing Arciénega. En estas dos audiencias de medidas cautelares el Ministerio Público pedirá la detención preventiva de los imputados. Los imputados no quieren decir que sean culpables, gozan de la presunción de inocencia y el Ministerio Público respeta estos derechos. En ambos casos, se va a notificar a más personas”, apuntó Pemintel.
Cobija, 1 octubre 2012