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La empresa Álvarez, que construyó el puente que colapsó en la avenida 6 de Agosto e Independencia de la ciudad de Cochabamba, informó que se inició procesos penales contra las autoridades del Gobierno Municipal del Cercado y funcionarios de la Contraloría General del Estado, informó radio Pío XII de la red ERBOL.}
“Ayer se ha formalizado una acción penal, de juicio penal contra las autoridades del Gobierno Municipal que resulten responsables de incumplimiento de deberes y contra los funcionarios de la Contraloría General del Estado que sean responsables de las declaraciones temerarias en sentido de haber responsabilizado sin juicio alguno a la empresa Álvarez causándole graves perjuicios”, señaló el asesor legal de esta empresa, Jorge Iriarte.
Hace un par de semanas, la Contraloría emitió un informe con el cual se establece la responsabilidad civil para la empresa constructora por el colapso de este puente en septiembre del año pasado.
El asesor legal de Álvarez señaló que las constantes declaraciones de autoridades municipales y este informe de la Contraloría dañan y perjudican la imagen de la empresa, según la emisora local.
Asimismo dijo que por ningún motivo permitirán la demolición total del puente o de lo contrario quienes lo hagan deberán pagar el costo de inversión para la obra, que asciende a 10 millones de bolivianos.
Por su lado, el secretario Ejecutivo de la Alcaldía del Cercado, Ricardo Pont, señaló que el municipio sólo se rige por la norma y los resultados del informe de la Contraloría ayudarán a la Fiscalía a tomar decisiones.
“Nosotros hemos estado haciendo el trabajo que nos corresponde respecto al tema del puente, se está siguiendo el procedimiento, hay un informe preliminar de la Contraloría y nosotros estamos trabajando en lo que nos compete, lo otro es una ignorancia decir que hemos intervenido en ese puente, eso es falso, malintencionado y son acusaciones que vienen de gente ociosa que no tiene nada que hacer”, aseveró el funcionario.
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