Oruro: Denuncian que DDRR favorece a loteadores

Cerca de mil comunarios de Saca Saca - Pampa Vinto retomaron sus movilizaciones de presión,  debido a que la justicia orureña no resuelve hace 12 años el derecho propietario afectado por la familia Urquidi, a la que acusan de ostentar un poder económico y judicial para lotear con folios reales ilegales, al menos 120 hectáreas en la zona Este de la ciudad de Oruro.

La decisión surgió en cumplimiento a un mandato de una masiva marcha realizada el 25 de septiembre en puertas del Órgano Judicial orureño, donde su dirigente Luciano Mamani y el alcalde Mayor de Saca Saca, Ambrosio Condori Concha, denunciaron actos de corrupción de la oficina de Derechos Reales, en jueces, fiscales y exautoridades municipales y funcionarios ediles de la ciudad de Oruro.

En días pasados realizaron otro ampliado en el Faro de la Ciudad de Oruro y  decidieron radicalizar sus medidas de presión en busca de justicia y el respeto a su derecho propietario, toda vez que en la comunidad existen cientos de casas que cuentan con luz eléctrica, agua potable, calles y avenidas desde hace más de 15 años.

“Las movilizaciones van a continuar hasta que se anulen los folios ilegales que mañosamente obtuvo el terrateniente Urquidi, que se encargó de lotear decenas y decenas de hectáreas que no le pertenece; somos víctimas de discriminación por ser indígenas. Queremos pedir disculpas a la ciudadanía por las movilizaciones y marchas de protesta, pero es la única forma que tenemos para que respeten nuestros derechos”, dijo Lucio Mamani.

Por otra parte, también denunciaron agresiones físicas que sufrió la comunaria Rosario Coca Gonzalo (39), cuyo certificado médico forense determinó 10 días de impedimento físico por fractura con desplazamiento posterior de cubito de la muñeca derecha.

Los dirigentes estimaron que son más nueve mil familias campesinas afectadas. Los comunarios desconocen cómo lograron ingresaron documentación falsa para obtener folios reales, cuyo proceso judicial de investigación lleva 12 años, debido a la negligencia de las autoridades judiciales.

No descartan iniciar una marcha junto a sus hijos hacia la ciudad de La Paz en busca de una reunión con el presidente Evo Morales para encontrar justicia.

El dirigente recordó que el año 2016, la Cámara de Senadores instruyó a la Procuraduría General del Estado realizar una investigación y, sin embargo, la entidad no reportó ningún avance ni señal de acciones necesarias en el plano judicial.