Política
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La propuesta de la Gobernación de Santa Cruz consiste en que el Gobierno central maneje el 50% de la coparticipación tributaria -ahora administra el 75%- y que el resto sea controlado por los demás niveles de Gobierno.
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El Agente chileno ante La Haya en el juicio marítimo boliviano, se proyecta como un potencial candidato presidencial de tendencia socialista.
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Nueva Zelanda, Canadá, Eslovenia y Pakistán acreditaron documentos para comunicar al Estado boliviano, el inicio de sus gestiones diplomáticas.
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Diputado de UD indicó que el oficialismo prioriza empresas aceiteras y espera que no sea por un criterio político. García Linera prometió que hará pagar todo lo que las empresas evadieron y descartó vínculos de gente del Gobierno con paraísos fiscales.
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Estimó que la etapa central del proceso, con audiencias orales, será en 2018, ya cuando se hagan públicos el contenido de los alegatos sobre los cuales, los 16 miembros de la Corte emitirán su fallo.
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José Miguel Insulza goza del 33% de aprobación ciudadana. "¿Será que no tienen argumentos para resolver temas pendientes o será que nunca quieren resolver temas históricos?", preguntó Morales. Bachelet obtiene la peor calificación de un presidente democrático y Piñera entra en escena.
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Anuncian amparo contra el DS 2762. Necesitan recaudar Bs8 MM. García Linera dijo que la Afcoop “no es una entidad estatal, es una institución privada”. Sin embargo el decreto lo tiene como “institución pública, bajo tuición del Ministerio de Trabajo” y que el dinero será transferido al TGE.
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A partir de esta ley, las cooperativas tienen dos años para adecuar sus estatutos a la nueva ley. El presidente dijo que los trabajadores tienen la necesidad de organizarse porque no pueden volver “los tiempos de la colonia cuando las organizaciones estaban condenadas al exterminio”.
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El Primer Mandatario hizo esta declaración en el seminario que se realiza en Cochabamba para dirigentes del Pacto de Unidad, que aglutina a las organizaciones sociales que apoyan al Gobierno del MAS.
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Para Monasterios, esa resolución confirma que los operadores de justicia están sometidos al poder político.