Política
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En las elecciones de 2015, Cejas obtuvo el 57% de los votos, equivalente a 131.306 votos y Cervantes el 31.69% de apoyo equivalente a 30.905 votos. Según la ley, recién en octubre de 2018 podría activarse esa figura.
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Los campesinos consideran que “el pueblo es dueño de la vida de Evo Morales” y exigen la continuidad al frente del proceso de cambio. Antes, los cocaleros y las bartolinas de Cochabamba anunciaron la candidatura para el 2019, pero dejaron en manos de las bases.
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Aseguró que debido a la acelerada ejecución de proyectos sociales, “ya no tiene plata del programa Bolivia cambia, Evo cumple” y espera que la comunidad internacional se pronuncie con un apoyo, en reconocimiento a Bolivia que cumple con los objetivos de luchar contra el cambio climático.
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El dirigente que procede de Chimoré fue elegido como ejecutivo de los interculturales el pasado 27 de septiembre de 2015.
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García argumentó que Morales es el líder idóneo para cumplir los planes de desarrollo de la Agenda 2025, incluyendo la industrialización y la erradicación de la pobreza.
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“Ojala que los brazos largos que tiene el gobierno no actúen en este caso y no se vaya postergando y postergando. Estaremos vigilantes, esperemos que el Fiscal General haga su trabajo”, añadió.
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El Alcalde manifestó que en unas 40 ocasiones tuvo que comparecer en la Fiscalía, por todo tipo de denuncias que incluso datan de antes de que hubiera nacido.
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De parte del Gobierno, ratificó que pueden confiar en la autorregulación de los medios de comunicación y descartó algún mecanismo de coerción, porque la resolución del Tribunal de Ética ha demostrado que los periodistas tienen capacidad de autorregularse.
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El periodista agregó que “este es un mal precedente, (porque) podría ser un nuevo estilo para pasarse por encima de la Ley de Imprenta”.
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El pronunciamiento del jefe de Estado se produce luego que un periodista fuera sentado en el banquillo del acusado por difamación contra el mandatario y dos periodistas mujeres perdieran en parte un proceso iniciado por una ministra de Estado ante un Tribunal de Ética.