Política
Casos Guaracachi y Quiborax
Procurador no acusará a Evo, dice que nacionalizó bien y Mesa lo hizo mal
El subprocurador presentó la carta de Menacho. Foto: ERBOL.


Miércoles, 25 Julio, 2018 - 12:48

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, rechazó presentar una proposición acusatoria contra Evo Morales por la nacionalización de la Empresa Guaracachi (EGSA), como lo había pedido Carlos Mesa. Señaló que el actual mandatario hizo una “nacionalización buena”, pero el expresidente hizo una “nacionalización mala”.

Ayer martes, el expresidente Mesa envió una nota a Menacho solicitándole que levante su acusación del caso Quiborax, o de lo contrario que presente una demanda contra Morales por Guaracachi, porque en el mismo también se provocó la pérdida de un arbitraje internacional y el pago de 31 millones de dólares a la empresa afectada.

El Procurador respondió también mediante una nota en la cual hace una comparación entre la nacionalización de las concesiones de Quiborax que hizo Mesa y la de Guaracachi que realizó Morales.  “Es importante hacer notar las diferencias entre una mala nacionalización (como la suya) y una buena nacionalización (como la de la EGSA)”, dice la carta.

Mesa sostuvo que en la sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje por EGSA se afirma que la expropiación fue ilegal. Por el contrario, Menacho aseveró que la nacionalización fue legal, porque en el dictamen dice que “yace en el ordenamiento constitucional (...) y que en este caso es evidente que las condiciones se cumplen”.  

El Procurador acotó que la nacionalización de Guaracachi se realizó cumpliendo el Derecho Internacional. “Nada fue improvisado, ni dejado al azar, nuestro gobierno actuó no por pasiones personales, por afectos o desafectos, sino por la razón y la planificación de una mejor vida para los bolivianos”, escribió. 

Explicó que, en cambio, la nacionalización de Mesa por Quiborax fue ilegal, porque el dictamen del tribunal arbitral dice que la revocatoria emitida por el expresidente no se llevó a cabo de conformidad con la ley boliviana y su expropiación no fue lícita.

Acotó que la nacionalización de Guaracachi reportó utilidades por 31 millones de dólares, y la de Quiborax supuso una pérdida de 42 millones. 

“¿Nota usted la diferencia entre uno y otro caso?”, preguntó a Mesa. Agregó que no se le quiere endilgar ningún muerto, sino que se busca responsabilidades del pago que tuvo que hacer el Estado para indemnizar a Quiborax.       

Menacho también descartó levantar la acusación contra Mesa, con el argumento de que esa figura no existe en la ley, porque sólo el Fiscal General tiene la potestad de rechazar o seguir con el caso. 

“Pero qué sabe usted de potestades”, criticó a Mesa, haciendo referencia a que el expresidente habría confundido los términos revocar con anular en su Decreto de expulsión de Quiborax.