Impulsan Ley de Acceso a la Información Pública

El Consorcio Bolivia Transparente, Hivos, el Instituto Prisma y Construyendo Redes organizaron, con el apoyo de la representación en Bolivia de la Organización de Estados Americanos (OEA), un seminario donde se abordaron temas referidos a la construcción de una Ley de Acceso de la Información Pública, que garantice la transparencia de los datos que se encuentran en custodia de autoridades estatales.
 
“En el caso de Bolivia, se tiene un marco jurídico y un proyecto de ley. Sin embargo, es necesario que todos los actores públicos y privados del país, aporten al diálogo para que se pueda contar una Ley de Acceso a la Información Pública boliviana”, dice una nota de prensa de la Bolivia Transparente.

En la actualidad 22 países de la región cuentan con una Ley de Acceso a la Información Pública.

Este 18 de septiembre, esta norma entró en vigencia en Paraguay. Ahora, en este país las instituciones públicas deben publicar datos sobre sus recursos humanos y no pueden negarse a entregar información a la población que la requiera.
  
Con el fin de que Bolivia avance en la construcción de una norma similar, se realizó este seminario seminario internacional en La Paz, donde se presentó la Ley Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información Pública, aprobada en 2010.

En el seminario se destacó la necesidad de esta norma, puesto el acceso a la información es un derecho humano fundamental.

“Es importante no sólo para exigir respuesta de los gobiernos respecto de sus gastos públicos, actos de gestión, sino que es importante para proteger y mejorar nuestra propia calidad de vida”, enfatizó el secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Moisés Sánchez.

La coordinadora del Tema Acceso a la Información Pública del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General de la OEA, Magaly MacLean, indicó que la Ley Modelo es una ruta a seguir por los países interesados.

Sin embargo, advirtió la construcción de la norma puede tomar varios años porque se necesitan consultas internas con todos los actores de la sociedad; se debe garantizar su constitucionalidad, además de los presupuestos y recursos para su implementación.