‘Si el país requiere ley de Fuga hay que aprobar’
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ever Moya, sugirió este jueves aprobar una ley de fuga "si así el país lo requiere", como medida para contrarrestar las actividades criminales que realizan grupos de sicarios en Bolivia, como el caso registrado en la ciudad de Santa Cruz.
Pese a que esta posibilidad fue tildada de “inconstitucional” por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió que no se cierren las puertas ante una norma de estas características.
“Es muy alarmante el tema de los sicarios y consideramos que cualquier persona peligrosa armada sin autorización debe ser detenido e investigado, y un proyecto de ley (que permite abatir a este tipo de personas) es una propuesta, no lo conocemos a fondo mal podría informar yo, pero como asambleístas corresponde analizarlo (…) y en caso que el país requiera de una ley de esta magnitud la Asamblea tiene que aprobarlo”, señaló el legislador.
El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, instruyó la jornada pasada que la policía aplique la “ley de Fuga” ante los sicarios que asesinan a sangre fría en Santa Cruz.
El exintegrante de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, Rodolfo Calle, abogado de profesión, explicó que la economía política del país no posibilita que la policía abra fuego ante delincuentes prontuarios, aunque también consideró adecuado evaluar una disposición así.
“Esto no está permitido en las leyes pero sin embargo es algo que la autoridad competente puede realizarlo porque en realidad es un mecanismo que le faculta a la misma ley. Cuando un policía se ve amenazado de muerte por la agresión de algún delincuente puede utilizar su arma reglamentaria y darle muerte”, sostuvo.
Una Ley de Fuga vulnera al menos cuatro convenios internacionales sobre derechos humanos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre indica que “todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; además la Declaración Universal, que también dispone que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana” y “Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.
