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El pago a consultores y la organización de eventos en el proceso de elaboración del Código del Sistema Penal, que fue derogado, costó 879.387 bolivianos, de los cuales el 84% se financió con recursos de cooperación externa y el 16% con el Tesoro General de la Nación (TGN).
La información fue revelada por el senador opositor Óscar Ortiz, en base a los datos que le proporcionaron en un informe los presidentes de las cámaras legislativas.
El senador precisó que de los 879.387 bolivianos usados en esta norma, 736.389 bolivianos salieron de la cooperación internacional y el TGN erogó 143.000 bolivianos, mediante la Vicepresidencia.
Por otro lado, según los datos revelados por Ortiz, la mayor parte del dinero erogado, 586.496 bolivianos, se destinó a consultores; mientras que 292.981 bolivianos fueron para eventos.
Del dinero destinado a consultores, 379.476 bolivianos fueron para extranjeros, entre quienes destaca el argentino Alberto Binder con 156.857 bolivianos.
Los consultores de nacionalidad boliviana llamados para aportar a la norma recibieron 207 mil bolivianos.
El opositor expresó su crítica a que la Vicepresidencia haya realizado contratos con juristas consultores de manera directo. Dijo que de tener la verdadera intención de mejorar la justicia se debía hacer una convocatoria y examinar competencias.
El vicepresidente Álvaro García Linera promulgó la polémica norma el 15 de diciembre de 2017. Entonces aseguró que la elaboración del Código había costado solamente el salario de los asambleístas que lo trataron. El 21 de enero, el presidente Evo Morales instruyó que se derogue la norma, tras protestas que hubo en su contra.
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