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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff se enfrentará a un proceso de destitución. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció este miércoles, de improviso, ante un grupo de periodistas, que ha decidido aceptar una de las 28 peticiones de impeachment presentadas este año contra Rousseff, reelegida en octubre de 2014 e inmersa en una crisis política y económica que ha ensombrecido su Gobierno durante todo el año.
La solicitud para destituir a Rousseff acusa a la presidenta de haber realizado maniobras fiscales irregulares para ajustar las cuentas de su Gobierno en 2015.
Una hora después del anuncio, Rousseff compareció de gesto serio en la televisión para asegurar que las acusaciones son "inconsistentes", pidió "tranquilidad y confianza en las instituciones" y añadió que está convencida de que el proceso será archivado.
"He recibido con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño", declaró.
Ahora comienza un largo proceso que puede acabar con la salida del poder de la líder del Partido de los Trabajadores (PT). A partir de este momento, una comisión formada por diputados de todos los partidos analizará la petición de destitución y la presidenta tendrá que responder a las acusaciones.
Los miembros de la comisión harán un informe a favor o en contra del impeachment, que, para salir adelante, deberá contar con el apoyo de dos tercios de los 513 parlamentarios. El Senado tendrá la última palabra: 54 de los 81 senadores deben apoyar la salida de Rousseff. En caso de destitución, el vicepresidente Michel Temer asumirá el cargo.
"No lo hago por motivación política", aseguró Eduardo Cunha ante la prensa este miércoles, cuando hizo pública su decisión.
Horas antes, sin embargo, el todopoderoso líder de la Cámara (del Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB), había recibido un varapalo del partido en el Gobierno, su exaliado.
Los miembros de la Comisión de Ética, compuesta por 20 parlamentarios de varias ideologías, tenían ese día que dilucidar si aprobaban desencadenar un proceso parlamentario para reprobar —y destituir— a Cunha.
El ultraconservador está envuelto en el escándalo Petrobras y es dueño de unas cuentas sospechosas y millonarias en Suiza, que todo apunta a que han sido alimentadas gracias a sobornos.
Su descrédito es completo, ya que aseguró solemnemente hace meses, ante otra comisión parlamentaria y antes de que las pruebas saltaran obscenamente a todos los telediarios de Brasil, que no tenía ninguna cuenta en el extranjero.
Mucho del meteórico discurso de Rousseff (menos de cinco minutos, de gesto serio) consistió en un ataque personal contra Cunha. De hecho, en un momento aseguró: "No tengo cuentas en el exterior. No he cometido ningún acto ilícito, y no existe ninguna sospecha de desvío de fondos públicos".
Pero el poder de Eduardo Cunha todavía es enorme: aglutina en torno suyo a un grupo grande de diputados evangélicos, como él, y parlamentarios aliados.
En los últimos días maniobró entre bastidores, como solo él sabe hacer, dejando claro que si los tres diputados del PT de la Comisión de Ética (cuyos votos eran decisivos) votaban a favor de la reprobación, él pondría en marcha el impeachment.
Y así ha sido. Este miércoles, finalmente, la comisión fue pospuesta hasta el día 8 de diciembre. Pero los tres diputados adelantaron que votarán en contra de Cunha.
Pocas horas después, él anunció su decisión. Dijo que espera que, con esta medida, Brasil "pueda superar crisis políticas y económicas" que atraviesa.
"No quise ocupar la presidencia de la Cámara para ser el protagonista de un proceso de impeachment", subrayó.
La semana ya había empezado mal para el Gobierno. El día anterior, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) hizo públicos los sombríos resultados económicos de Brasil—4,5% de retroceso en el último año, con todos los sectores comprometidos— y la atención del país, en vez de mirar hacia los números y las previsiones, se dirigió hacia el Congreso, en Brasilia, y a Cunha.
Todo un síntoma de cómo esta crisis, cada vez más profunda, de la que no se ve el final y que repercute automáticamente en el bolsillo de cada brasileño, tiene buena parte de su origen —y posiblemente de su solución— en la política.
La crisis política que se ha apoderado de Brasil —más las continuas y casi diarias revelaciones de diputados, banqueros y empresarios corruptos— repercute automáticamente en la ya de por sí moribunda economía. El clima de incertidumbre, tanto en el exterior como dentro del país, se apodera de todas las instituciones.
Los inversores, ante la visión de un Gobierno sangrante en manos de un presidente del Congreso impredecible y acusado de corrupción, huyen espantados hacia otro país menos explosivo. El ministro de Economía, el liberal ortodoxo Joaquim Levy, lleva meses tratando de que el Congreso apruebe las a su juicio necesarias medidas de austeridad y enfrentándose a la facción más dura del PT, que se opone a ello.
Mientras, el paro sube y el consumo se desploma. Ahora, Cunha tiene hasta el martes para tratar de escapar de la reprobación y, posiblemente, de la cárcel. El señuelo del impeachment puede ahogar aún más al país en la incertidumbre y el desgobierno. Un diputado del PT lo describió este miércoles: “Cunha tiene una metralleta política en las manos”.
(Fuente: El País-España)
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