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La tensión por el cierre dispuesto por Venezuela de su frontera con Colombia no deja de subir. La nueva tormenta en el horizonte, que agrega presión al Estado de Táchira, epicentro del problema, es el anuncio hecho por el gobernador de Zulia –uno de los distritos estatales más poderosos del país– de que analizaba cerrar sus pasos en el límite con Colombia.
A ello debe sumarse, además, que otros mil colombianos deberán dejar de inmediato el país a partir de la publicación de un decreto en la Gaceta Oficial, que ayer oficializó en diez el número de municipios donde rige el “estado de excepción” que autoriza la expulsión de los ilegales.
Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, otro millar de colombianos sufrieron el éxodo. La situación humanitaria tiende así a agravarse aún más.
Ayer, el gobierno de Nicolás Maduro ratificó legalmente el “estado de excepción” a otros 4 municipios fronterizos en Táchira con la publicación del decreto respectivo en la Gaceta Oficial. El cierre ya cubre así 10 distritos a lo largo de 200 kilómetros de frontera.
Los otros seis municipios habían sido cerrados la semana pasada.
La novedad, sin embargo, fue el anuncio del gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, cuyo Estado –que suministra la mayor parte de la riqueza petrolera de Venezuela– comparte gran parte de su frontera con Colombia desde la Guajira y Perijá.
Cárdenas dijo que estudiaba un cierre en su distrito, con los mismos argumentos que usó Maduro al afirmar que el contrabando y la escasez en la zona fronteriza se deben a “paramilitares” y “grupos de derecha” que conspiran contra Caracas.
Venezuela comparte con Colombia 2.219 kilómetros de frontera común, que es la más activa de sus cuatro costados.
De ese total, los diez municipios ocupan 200 kilómetros y a Zulia le corresponden otros 800 kilómetros.
Esto implica que, si se concreta el anuncio de Cárdenas, casi la mitad de la frontera binacional quedará cerrada.
Hasta ahora, el cierre decretado por Maduro ha forzado el éxodo de más de 8.250 colombianos, de los cuales 1.100 han sido expulsados por los soldados bolivarianos durante la primera semana de aplicación del cierre y el resto se marchó voluntariamente.
Otros mil deberán dejar el país debido al nuevo decreto publicado ayer.
Según Maduro, al ordenar el cierre fronterizo, el gobierno busca limpiar la zona de “paramilitares y contrabandistas”, a los que señala como los autores del atentado contra tres oficiales venezolanos del Ejército y un civil que el 19 de agosto fueron emboscados en Ureña durante un control limítrofe.
Pero la oposición política está convencida de que se trata de un armado que se irá extendiendo a todo el país para justificar la suspensión de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Es el primer examen electoral en el cual el oficialismo marcha a una derrota segura, según todas las encuestas.
Maduro, acorralado por una fenomenal escasez de productos y cepo cambiario, culpa a los contrabandistas colombianos de la supuesta “guerra económica” afirman que los productos que faltan se los llevan a Cúcuta, la ciudad fronteriza colombiana.
Pero la escalada de este conflicto perjudica a la población más humilde pues sólo en Táchira quedarán cesantes unos 120.000 trabajadores por el cierre de las empresas y comercios, según denunció el secretario de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Chúo Torrealba.
“Hasta julio el intercambio bilateral acumuló un retroceso de 40%. Con el cierre de la frontera podría caer aún más”, advirtió, a su vez, Víctor Montiel, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana.
El líder gremial afirmó que las 2 aduanas del estado Táchira sumaron 794,9 millones de dólares entre enero y octubre de 2014.
Por las aduanas de San Antonio y Ureña pasa más de 60% del comercio entre ambos países, que se ubicó en casi 2.000 millones de dólares el año pasado.
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