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Chávez, quien es reconocido por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) como titular de la CIDOB, dijo que dos embarcaciones están hundidas en Puerto Barador del río Mamoré en el Beni.
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Marco Balderrama señaló que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) pidió a la fuerza pública el apoyo para hacer desalojar todas las tierras de Bolibras, pero que inexplicablemente hasta la fecha no se ejecuta tal disposición
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Arias comunicó que en comunidades indígenas del Chaco, en las zonas de Presidente Hayes y Alto Paraguay, se recurrió a la práctica de "encerrona", detectada directamente por los observadores de la OEA.
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Al respecto, Villena recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 30, parágrafo 15, establece el derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones.
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Wilson Añez, presidente de la bancada indígena en la Asamblea Legislativa Cruceña, señaló que técnicos de la Comisión Especial de este ente son los encargados del proceso de adecuación del ED (Estatuto Departamental) a la Constitución Política del Estado.
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El reporte corresponde a radio Aclo de la red Erbol, que hace mención a que 40 familias, que no cuentan con tierras, serán beneficiadas.
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Wilson Añez, representante del pueblo guarayo en la Asamblea Departamental, informó que los trabajos de electrificación ya se han iniciado en su zona y se espera beneficiar a más de 15 mil originarios que están ubicados en 41 comunidades
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Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), que analizó casos testigo de la vulneración de derechos humanos y cuantificó la criminalización en Neuquén: 347 mapuches judicializados por defender el territorio.
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El Mallku de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAO-NP), Valerio Trigori, dijo que en una reunión se trató este tema y los avances, de parte del gobierno, para explotar los minerales de la mina Mallku Qota.
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Organizaciones indígenas afines al gobierno como la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CEPSC) y la Central de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), también mostraron su rechazo a la consulta pública.