APG expulsó a exdirigente acusado de “malversación”

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) expulsó en 2014 al exresponsable de Recursos Naturales de esa organización, Nelsón Bartolo, porque supuestamente malversó recursos de compensación por actividades petrolíferas en una comunidad indígena del departamento de Tarija.

El pasado año se conoció que Bartolo fue suspendido por 20 años para que no pueda asumir ningún cargo, en tanto cumpla con su sanción, por presuntos malos manejos en su gestión. Sin embargo, trascendió esta semana información en relación a que el exdirigente se quedó con 30 mil dólares que debía ir a la comunidad de Tuka Inti de la Capitanía Villamontes. Los recursos corresponden a una compensación realizada por una petrolera. 

La revelación surge luego de que el Gobierno aseguró que algunos dirigentes de la APG malversaron recursos de compensación y que la movilización de Takovo Mora, donde los indígenas piden la consulta previa, es sólo para conseguir dinero.

El exsecretario de recursos naturales de la APG, Roberto Quispe, dijo que Bartolo no hizo la devolución de este monto e incluso se quedó con un vehículo y computadoras de la Asamblea Guaraní.

“Cuando él ya no era dirigente sacó 30 mil dólares (por una compensación) en la comunidad Tuka Inti (…) y ahora no ha devuelto ni un centavo, pero como organización se quedó en castigarlo, en 20 años no puede ser dirigente”, declaró Quispe a Erbol.

Los indígenas reconocieron que el caso de Nelsón Bartolo no fue denunciado ante la justicia ordinaria y tampoco se hizo seguimiento. Se conoció también que cuatro capitanías: Alto Parapetí, Cami, Boyuibe e Ipaguazu de Santa Cruz entregaron $us50 mil a Bartolo para la compra de un vehículo a favor de la organización, que según Quispe no devolvió cuando concluyó en 2013 su gestión. Cuando se intentó contactar a Bartolo en tres oportunidades, el teléfono móvil del sindicado se encontraba apagado.

Más casos 

En la APG, el caso de Bartolo no sería el único. Fuentes vinculadas a esa organización guaraní señalaron que frente a esta situación se acordó no defender a esas personas.   

“Nosotros ya hemos dado luz verde, que sobre aquellas autoridades, dirigentes que hayan cometido ese error, uso indebido de los recursos que deberían ser para las comunidades, nosotros no los vamos a defender por ninguna razón”, señaló una de las fuentes.

“Es mejor que el Gobierno actué de oficio directamente con las personas y que no involucre a la nación Guaraní, si hay personas que se han beneficiado personalmente, pues que le inicien una investigación y si son culpables que vayan tras las rejas para pagar su condena, pero no se puede condenar a la nación Guaraní, nosotros vamos a defender nuestros derechos, no a las personas”, indicó otro indígena.

Recientemente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunció que los dirigentes indígenas Magalí Barba y Lidio Meriles no hicieron descargos de un recurso que asciende a $us51 mil. El dirigente del Consejo de Capitanías de Santa Cruz, Nicolás Pereira, aseguró que en este caso no existe ninguna malversación e indicó que se reúnen todos los documentos para demostrarlo.

“No es que hay malversación, sino que no se presentó los documentos de respaldo, pero el dinero sí se invirtió en las comunidades a través de proyectos, lo único que falta es adjuntar todos los documentos de respaldo para demostrar que no hubo malversación”, aseveró. 

Auditoría

La vicepresidenta de la APG, Salomé Castillo, señaló a Erbol que no están en contra de que el Gobierno realice una auditoría a las compensaciones que recibieron por el daño a sus territorios, debido a las actividades petrolíferas.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó recientemente que los indígenas se opusieron a firmar un acta de acuerdo por el conflicto de la Capitanía de Takovo Mora porque no estaban de acuerdo con iniciar la auditoría a las compensaciones. 

Castillo indicó que la auditoría no es un tema a tratar en las demandas que tienen los guaraníes de Takovo Mora. Dijo que el Gobierno debe aprender a diferenciar. Pero aseveró que no sacarán cara por aquellos dirigentes que supuestamente malversaron recursos de las compensaciones.       

“Nosotros como líderes de la nación Guaraní somos control social, si nuestros hermanos guaraníes tienen que estar tras las rejas (por el mal uso de recursos), tienen que estar (presos). Le hemos dicho (al Gobierno) que estamos de acuerdo (con una auditoría), pero no era nuestro tema, que no nos intimide con esos números”, puntualizó.