Romero a CIDH: Conflicto del TIPNIS está resuelto

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró en la audiencia pública sobre la situación de derechos humanos de personas afectadas por las obras en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente del  Organización de los Estados Americanos (OEA), que el conflicto en la zona ecológica está resuelto.

Dijo que el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, reconocido por la  Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), y Fernando Vargas de la Subcentral TIPNIS, que solicitaron el encuentro con la CIDH para denunciar al gobierno del presidente Evo Morales por la vulneración de sus derechos, denunciaron ante el organismos internacional un debate ficticio.  

“Se pretende mantener la ficción de un debate, que de repente en Bolivia está absolutamente superado, que en términos de la realidad objetiva del país ha sido absolutamente resulto y se lo pretende mantener ficticiamente en un escenario como este; ante la imposibilidad, seguramente de mantener esa polémica en el país”, aseveró la autoridad gubernamental.

La audiencia se llevó adelante el pasado 15 de marzo en la ciudad de Washington de los Estados Unidos y fue presidida por el mexicano José de Jesús Orozco Henriquez. Duró una hora con diez minutos y el mismo fue publicado en su totalidad en el portal de videos YouTube.   

El ministro de Gobierno se presentó al encuentro con Melva Hurtado del otro directorio de la CIDOB; Pedro Vare, que encabeza la otra dirección de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB); Carlos Fabricano, también de la otra representación de la Subcentral Sécure y Gumercindo Pradel de la Consejo Indígena del Sur (Conisur) de la zona colonizada del TIPNIS.   

Audiencia 

La audiencia empezó con la intervención de la parte peticionante, representada por Adolfo Chávez y Fernando Vargas, quienes denunciaron los acuerdos incumplidos por el gobierno del presidente Evo Morales, en relación a la Ley 180 de protección del TIPNIS, la represión a la VIII marcha indígena, la realización de la consulta “no concertada” en medio de irregularidades, la división del movimiento indígena de parte del Ejecutivo y dieron a conocer la negativa de los indígenas a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, en medio de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO).

“Por su intermedio de la CIDH venimos a poner en claro (…) que el Estado Plurinacional de Bolivia ha violado las leyes de nuestro país en cuanto al Convenio 169 de la OIT que es Ley en nuestro Estado Plurinacional, ratificado por el mismo Estado Plurinacional lo que es la Declaración de las Naciones Unidas como corresponde que es asignatario y como Ley de nuestro Estado Plurinacional; por ello venimos a poner bien en claro que nosotros los pueblos indígenas de Bolivia Oriente, Chaco y Amazonía no vamos a ser cómplices de los atropellos que hace el Estado Plurinacional en cuanto a nuestros derechos”, inició Chávez.

Posteriormente el turno fue de Fernando Vargas, quien explicó sobre los pueblos indígenas que habitan en el TIPNIS, antes de la creación del Parque, y los antecedentes de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Vargas mostró el título de propiedad de la TCO, que en 2009 entregó el presidente Evo Morales.

“Estamos aquí no para hablar de temas políticos, estamos aquí para hablar estrictamente sobre violaciones de derechos y derechos humanos, así como la violación de los tratados y convenios internacionales que nos ha traído hasta acá para poner en conocimiento de esta  Comisión, que consideramos es la instancia donde se tienen que informar, una vez agotados los temas nacional”, señaló.       

El líder indígena recordó en la audiencia que Morales exhortó a los indígenas cuidar el TIPNIS. Señaló que el problema en la zona ecológica nace con la intención del gobierno de construir una vía en medio de la TCO.

“Durante el gobierno de don Evo Morales se plantea un proyecto; carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, así se llama el proyecto (...) y el Presidente dijo que la carretera se va hacer se oponga quien se oponga, entonces esto es un Parque Nacional, es un territorio indígena que de acuerdo a la Constitución boliviana es patrimonio de todos los bolivianos”, aseveró. 

Vargas presentó documentos sobre el rechazo a la construcción de la vía por el territorio indígena e indicó que el proyecto afectará al habitad y medio ambiente del Isiboro Sécure. 

“La carretera pasa por medio del núcleo, que pone en riesgo toda la biodiversidad, pone en riesgo el medio ambiente. No queremos que el Parque se destruya, si esto se destruye es el camino de la destrucción de las 21 áreas protegidas, así como la destrucción de los pueblos indígenas que existen en Bolivia”, lamentó. 

Habló sobre las dos marchas en defensa del TIPNIS y la intervención policial que sufrieron los indígenas, de la Ley 180 que conquistaron con la movilización de 2011 y que fue desconocida con la Ley 222 de consulta previa; siendo el proceso de “mala fe”, aseveró. 

“En la sede de gobierno hemos establecido un acuerdo, ese acuerdo es que la carretera no debería atravesar el Parque Nacional y es que así en ese acuerdo se establece aprobar la Ley 180, una Ley más que protege al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. El gobierno nacional ha aprobado una Ley 222, una Ley de Consulta, que ha puesto en consulta este proyecto a las comunidades dentro del territorio, pero queremos decir claramente que no se puede hacer una consulta después de cuatro años firmado el contrato (…) para esta ley de (consulta) no tenemos el estudio de impacto ambiental, no tenemos el mismo proyecto en sí, no conocemos el contrato y por lo tanto después de cuatro años ese proyecto recién se pone en consulta”, afirmó.

Pidió a los miembros de la Comisión, que el gobierno abrogue la Ley 222 y que se mantenga en vigencia la Ley 180 para evitar futuros enfrentamientos. 

“Pedimos que se tenga que suspender el tramo dos de este proyecto, que atraviesa y divide en dos el Parque y el territorio indígena para evitar confrontaciones futuras porque estamos dispuestos a defender con la vida (el TIPNIS) para que no se destruya nuestro territorio porque no queremos ser cómplices de aumentar el calentamiento global, lo que hoy estamos sufriendo no solamente en Latinoamérica, sino el mundo entero”, manifestó. 

Posición Gobierno

Tras la presentación de los dirigentes indígenas, inmediatamente se dio paso a la representación del gobierno de Bolivia. Antes de ello, el embajador de Bolivia ante la OEA, Diego Pari, denunció que inicialmente no se permitió que los cuatro dirigentes indígenas que llegaron junto con Romero sean parte de la audiencia.

Cada uno de los indígenas tuvo una breve intervención y se limitaron a desacreditar la representación de Adolfo como titular de la  CIDOB. Luego continuó el ministro de Gobierno, quien empezó diciendo que se encontraba sorprendido por la insistencia de Chávez y Vargas de tratar un tema, que según Romero está resuelto.        

“Nos sorprende que recurrentemente se haya acudido a esta vía para insistir, con una serie de acciones en torno al TIPNIS, este es el quinto recurso, la quinta acción presentada contra el Estado boliviano y entiendo que hay otra referida a medidas cautelares que también ha sido interpuesta”, señaló. 

Dijo que el país no sólo está representado por un indígena (Evo Morales como presidente), sino que la Asamblea Legislativa tiene presencia mayoritaria de indígenas. Aseveró que se avanzó en el saneamiento de tierras a favor de los indígenas, se creó universidades indígenas, un fondo indígena y se reconoció a los y los derechos de los pueblos en la Constitución Política del Estado (CPE). 

“Bolivia es uno de los estados más avanzados en materia de reconocimiento y materialización de derechos de pueblos indígenas, al extremo que los sectores conservadores cuestionan al Estado boliviano por haber supuestamente desequilibrado las reglas de convivencia colectiva, muy nítidamente, a favor de los pueblos indígenas”, destacó. 

Sobre el TIPNIS explicó que ha estado sujeto a la actividad extractiva ilegal de madera, pues según su informe 200 mil hectáreas, una quinta parte del territorio, se comprometió para la venta de madera por dirigentes cuestionados. Reconoció que en la zona falta la presencia del Estado. 

“El TIPNIS en su doble condición de territorio indígena y Parque Nacional ha experimentado un déficit institucional de Estado que ha sometido a los pueblos indígenas a condiciones deficitarias de vida y a la forzosa necesidad de legitimar acciones extractivistas por operadores particulares que hacen que este territorio sea expuesto permanentemente a la depredación de sus recursos naturales”, dijo. 

Reconoció la legitimidad de la VIII marcha, pero también la movilización que encabezó por el Conisur, por lo que se aprobó en 2012 la Ley 222 de consulta, aun estando vigente la Ley 180 de protección del TIPNIS y aseveró que el protocolo del proceso fue concertado con los indígenas.