Defensor exige suspensión de Sacha en la ONU
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, demandó este miércoles a la Cancillería la suspensión de Sacha Llorenti de su actual cargo de Embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas con el fin de que responda en el país por el caso de la represión a indígenas en Chaparina.
“Recomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que suspenda de sus funciones de Embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, al señor Sancha Llorenti, para que pueda explicar en nuestro país su participación, conocimiento y autorización en las acciones de infiltración, intervención y posterior traslado de los indígenas del TIPNIS, durante las horas posteriores a las acciones en Chaparina”, dijo Villena.
Hoy se cumple dos años de la represión policial a la octava marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y según advirtió el Defensor, el proceso iniciado, no tuvo ningún avance hasta el momento. Sólo se excluyó del caso a Llorenti, pese a que durante el hecho era Ministro de Gobierno.
Por ello, Villena también pidió al Ministerio Público revertir su decisión de excluir del caso Chaparina al exMinistro de Gobierno.
“Solicitar al Ministerio Público que en base a las recomendaciones emitidas por nuestro informe de noviembre de 2011 y confirmadas por los nuevos elementos de prueba y las declaraciones de varios implicados, publicados en los últimos meses, que reconsidere y revierta la decisión de excluir de la investigación a Llorenti, quien tenía plena autoridad sobre la Policía Boliviana porque era responsable de la seguridad interna durante los luctuosos sucesos”, afirmó.
Asimismo, requirió a la Asamblea Legislativa Plurinacional conformar una comisión especial compuesta por las comisiones legislativas correspondientes, las organizaciones representativas de las naciones tsimane, yuracaré y mojeño y otras entidades pertinentes que garanticen imparcialidad, ecuanimidad y transparencia, para que, a nombre del Estado y la sociedad, fiscalicen la investigación y garanticen un debido proceso.
Finalmente, demandó a la Fiscalía General del Estado ampliar la investigación a todo el personal policial y civil que tuvo participación directa o indirecta en la represión y posterior traslado de los marchistas.
