Persecución denuncia central indígena amazónica peruana
Como un acto de persecución denunció la principal central indígena amazónica de Perú, el pedido fiscal de cadena perpetua para su líder, Alberto Pizango, y otros cinco dirigentes nativos.
La fiscalía de la ciudad noramazónica de Bagua pidió la misma sanción para Joel Shimpukat, Leo Timias, Santiago Manuín, Héctor Requejo y José Chale, por instigación al delito durante los graves disturbios registrados en las afueras de esa ciudad en junio de 2009, en los que murieron 24 policías y 10 civiles.
La drástica acusación fiscal, presentada en el proceso por aquellos luctuosos sucesos, constituye "un acto de persecución política y judicial contra el movimiento amazónico", según la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), que preside Pizango.
El dirigente encabezaba Aidesep en aquella época, pero no estuvo en Bagua durante los disturbios, de los que fue culpado por el gobierno del entonces presidente Alan García, por lo que tuvo que asilarse en Nicaragua, donde permaneció hasta mayo de 2010, cuando regresó y se puso a disposición de la justicia.
En el juicio, indicó Aidesep, hay otros 47 indígenas acusados por un total de ocho delitos y Pizango y los otros cinco para quienes la fiscalía pide cadena perpetua, son imputados por instigar a los nativos a arrebatar sus armas a los policías y ultimarlos.
Según la central nativa, el pedido no se justifica porque no ha sido probado que los dirigentes instigaron a los indígenas, ni que las armas usadas para matar a los policías sean las arrebatadas a estos.
Por su parte, el abogado de Pizango, Juan Quispe, rechazó los cargos contra su cliente y los otros 52 acusados y señaló que el grave incidente conocido como baguazo fue consecuencia de la orden del gobierno de entonces de reprimir la protesta con armas militares, prohibidas para estos casos.
"La orden de enfrentarse a los nativos vino de Lima. Los policías hicieron uso desproporcionado de la fuerza y los nativos reaccionaron", aseguró Quispe.
La protesta exigía una ley para que se consulte a los nativos la ejecución de proyectos en sus territorios, la que fue dictada bajo el actual gobierno y está en proceso de reglamentación. (PL)
