Desmontan territorio indígena en Paraguay
Topadoras ingresaron al territorio ayoreo de Cuyabia, comunidad que denunció al Indi por la transferencia ilegal del territorio en cuestión, ubicado al noreste de Mariscal Estigarribia, Boquerón, para iniciar trabajos de desmonte.
Operarios de la firma Maquinarias Harder de Loma Plata, iniciaron trabajos de desmonte en el territorio que forma parte de las 25.000 hectáreas pertenecientes a la comunidad indígena y habría sido transferido por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en noviembre del 2012, según denunció el abogado de la comunidad y expresidente del Indi, Oscar Ayala.
Los ayoreos de Cuyabia están siendo víctimas de “un sistemático acoso para despojarles por completo de sus tierras”, denunció Ayala.
Un joven de la Comunidad Cuyabia acercó un video, captado por él desde su celular, donde registra el momento en el cual una persona se dirige a indígenas ayoreos, mostrándoles el título de propiedad otorgado por el Indi a Julia Beatriz Vargas Meza.
El hombre trataba de explicarles que dichas tierras fueron vendidas por el Indi y que por tanto, ya no les pertenecía.
El ingreso de las maquinarias coincide con la visita de esta persona que fue filmada, según señaló el abogado de la comunidad.
“La venta de tierras indígenas por parte del Indi, además de constituir una forma de despojo sin precedentes, es un delito muy grave que no debe quedar en la impunidad”, explicó Ayala, agregando que el titular de la entidad Rubén Quesnel debe ser procesado. “Las tierras deben estar aseguradas en propiedad a favor de sus verdaderos y únicos dueños, los ayoreos de la comunidad Cuyabia”, concluyó el abogado.
Manifestaciones y cortes de ruta
El grupo de indígenas afectado se sumaron a otros del pueblo guaraní ñandeva, cortando intermitentemente la ruta Transchaco en la localidad de Mariscal Estigarribia, Chaco, en protesta por la supuesta venta de sus tierras. La medida se prolongará por varios días más hasta obtener algún resultado positivo, aseguraron.
El caso fue denunciado ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, siendo la Fiscal Alba del Valle la encargada de la investigación.
Asimismo, los representantes de la comunidad presentaron una demanda de nulidad del acto jurídico que transfirió la propiedad de la tierra en perjuicio de los indígenas. Actualmente se aguarda el pronunciamiento del Juez Juan Carlos Molas de la ciudad de Filadelfia.
Cabe mencionar que la Constitución Nacional, en su Artículo 64, establece que los pueblos indígenas “tienen el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra” y se prohíbe “la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”. (ABC)