Calculan que Gobierno gastó Bs300 mil en informe
Dos imprentas de la ciudad de La Paz coincidieron al calcular que los mil ejemplares del informe del gobierno sobre la consulta en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) tienen un valor aproximado de 300 mil bolivianos, monto que según dirigentes indígenas pudo servir para atender las demandas de salud que existen en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO).
El informe del gobierno es el tercero que se hizo público en abril de este año, después de que lo presentaron el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Iglesia Católica junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
Según el director Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Juan Carlos Pinto, invirtieron en el informe de la consulta Bs29.000 para 2.500 ediciones, mientras que la Iglesia gastó en 1.000 ejemplares Bs23.000, dijo Marcelo Ortega de la Pastoral Social Caritas Boliviana.
Según el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, el dinero que invirtió el gobierno para los libros de la consulta pudieron ser empleados para atender las demandas de salud y educación que tienen los indígenas de la zona ecológica.
“Ese dinero debió estar destinado a un programa de salud que no existe en el TIPNIS, más allá de las otras necesidades, debería estar establecido para hacer asistencia de salud en todo el TIPNIS, pero no se lo hace porque no le interesa al gobierno”, declaró el líder indígena.
Características
El informe del gobierno está presentado en un empastado con tapa dura de aproximadamente 400 páginas y está impreso a full color en papel cuché.
A diferencia del gobierno, la Iglesia y el TSE presentaron un material de encuadernado rústico impreso en papel bond de uno hasta dos colores.
La Agencia de Noticias Indígenas de Erbol intentó conseguir el reporte del gobierno sobre el dinero que invirtió en el informe de la consulta, sin embargo, la responsable de comunicación del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, Ruth Chuquimia, dijo que no contaba con esa información. Pidió que las preguntas fueran enviadas a su correo electrónico, pero no respondió y sólo se limitó a indicar que se publicaron mil ejemplares del informe sobre la consulta en el TIPNIS.
Chuquimia criticó que sólo se quiera informar sobre el gasto que hizo el gobierno y compararlo con la inversión del Iglesia Católica, documento que calificó de poco serio. Según la funcionaria pública se debería evaluar el contenido y a su criterio no se puede presentar a instancias como la Asamblea Legislativa, a la representación de Naciones Unidas en Bolivia, entre otras, informes como el que sacó la Iglesia, refriéndose al tipo de material que se empleó para el mismo.
De acuerdo con el parágrafo 6 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre Derechos Civiles y Políticos: “(Los bolivianos y bolivianas tienen derecho) A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual y colectiva”.
En relación a la labor de los medios de comunicación social, en el artículo 106 de la CPE se hace referencia en los parágrafos del I al IV que: “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derechos a la información”, “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”, “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información” y que “Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información”.
