Perú respetará consulta a pueblos indígenas
El Gobierno peruano respetará en próximas concesiones de explotación de recursos naturales los acuerdos de consulta previa con pueblos indígenas que fueron establecidos en una ley específica, señaló este lunes el ministerio de Cultura.
"Se respetará el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en forma previa sobre temas que les conciernen, como el ingreso de empresas privadas a sus tierras para exploración y explotación de minerales, forestal o hidrocarburos", dijo Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad del ministerio de Cultura.
Una ley, promulgada por el presidente Ollanta Humala en 2011, establece la consulta previa a pueblos indígenas y promueve el diálogo con las empresas privadas de explotación de minerales, hidrocarburos y forestal en procura de evitar conflictos sociales.
Esa ley es aplicada actualmente en la región de Loreto (selva norte), en un lote sobre exploración de hidrocarburos donde aún no se ha alcanzado un acuerdo, dijo Lanegra.
Lanegra sostuvo que en "las próximas concesiones, necesariamente se deberá aplicar la ley de consulta previa", la cual no existía cuando se aprobaron grandes proyectos mineros que recientemente han generado graves conflictos sociales en el país.
El proyecto aurífero Conga, a cargo de la estadounidense Newmont en Cajamarca (norte), uno de los más resistidos por las comunidades locales, generó violentos enfrentamientos en 2012 que se saldaron con un total de cinco muertos en choques entre manifestantes y la policía.
Lanegra explicó que para que un pueblo indígena tenga derecho a una consulta previa y que se respete su decisión, deberá demostrar sus derechos sobre la tierra que se pretende explorar, además del uso tradicional de los recursos naturales.
La ley se basa en el Convenio 169 de la OIT, suscrito por Perú, que obliga a un Estado a realizar una consulta popular con pueblos indígenas o nativos cuando una obra afecte el interés de una comunidad.
Los violentos conflictos sociales por el choque de comunidades indígenas con empresas privadas y fuerzas del orden se han convertido en un dolor de cabeza para el gobierno peruano.
En 2012, un total de 24 personas murieron y 649 resultaron heridas, en conflictos derivados en su mayor parte de proyectos de minería, según un balance difundido por la Defensoría del Pueblo. (AFP)