Indígenas plantean consulta vinculante
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) plantean en su propuesta de Ley Marco de Consulta que el proceso para medidas legislativas, administrativas, proyectos extractivos y otros que los afecte, así como a sus territorios, sea de carácter vinculante con derecho a veto; mientras que el gobierno, sugiere que se extienda a los sectores colonizadores y afrobolivianos, además que sea pública.
“(Una consulta de carácter vinculante para) Planes, programas, obras, proyectos, actividades de exploración, explotación y transporte, de recursos mineralógicos, hidrocarburífieros, recursos hídricos, otros recursos naturales, proyectos de infraestructura o cualquier otra media que afecte directa o indirectamente los derechos e intereses de dichos Pueblos en sus territorios ocupados y/o ancestralmente ocupados”, se lee en el artículo primero del borrador de la propuesta indígena.
El borrador de la Ley de Consulta Libre Previa Informada, que fue presentado el jueves a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), fue consensuado entre ambas organizaciones indígenas que a la vez decidieron marginarse de la elaboración de la propuesta gubernamental, pues según los indígenas es trabajado con otros sectores sociales y sólo busca vulnerar sus derechos y territorios.
“El Estado Plurinacional en el proceso de consulta debe respetar la integridad de los territorios colectivos y/o ancestralmente ocupados de los pueblos indígena originario, que se traduce en la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. No podrá realizar acciones, proyectos u obras que afecten o tiendan a afectar sus sistemas de vida, el medio ambiente y los derechos de la Madre Tierra”, indica el documento.
Acuerdo para la consulta
Según el borrador, el gobierno debe buscar el acuerdo con los indígenas como un derecho colectivo, luego de que éstos conozcan el proyecto que se pretende poner en marcha dentro de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) para recién realizar la consulta y en caso de que no se cumpla el mismo no podrá aplicarse.
Si se vulnera este derecho, señalan los indígenas, debe sancionarse penalmente.
“El incumplimiento de la aplicación del proceso de consulta previa libre e informada según lo establecido en la presente ley dará lugar a la nulidad de la medida legislativa, administrativa, obras, actividades proyectos u otros afines. En caso de advertirse la implementación de este tipo de proyectos y trabajos de exploración, explotación u otras afines, sin haberse cumplido el procedimiento de consulta previa a las naciones y pueblos indígenas originarios, se adoptarán medidas cautelares la cual se interpondrá ante autoridades competentes, para que defina la paralización de la iniciativa”, se lee en el artículo seis de la propuesta.
Comisión Nacional de Supervisión
El borrador de la Ley crea una Comisión Nacional de Supervisión, Vigilancia y Monitoreo de la consulta.
Dicha instancia estará conformada por representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), de la Defensoría del Pueblo, CIDOB, CONAMAQ y representante de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos y elegido por los pueblos y naciones indígena originario.
El gobierno sugiere, en su propuesta de Ley, la creación de la Dirección General de la Consulta a cargo de los ministerios de la Presidencia, Gobierno y de Autonomías que pondrá en marcha la consulta.
Finalmente los indígenas plantean una indemnización por el impacto ambiental a sus territorios. “Indemnizaciones, reparaciones y compensaciones en caso de producirse daño a los valores económicos, sociales, culturales, espirituales, al medio ambiente y/o afectación de derechos colectivos. Considerando la imprescriptibilidad de los delitos ambientales, así como los cometidos contra la Madre Tierra y la violación de los derechos humanos”.
