7 de cada 10 mujeres sufren alguna vez abuso sexual
La Defensoría del Pueblo informa que siete de cada diez mujeres sufrieron abuso sexual alguna vez en su vida, lo cual, a criterio de Rolando Villena, “muestra una faceta de violencia que pone en duda el optimismo sobre los avances en materia de derechos humanos como sociedad”.
El informe “Violencia Sexual contra las Mujeres”, presentado por el Defensor del Pueblo, señala de cifras alarmantes donde indica que cada año se registran 14.000 denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, de estas, el 60 por ciento son casos sucedidos en los propios hogares de las víctimas. También revela que de los casos que llegan a estrados judiciales, solo el 0,04 por ciento concluyen con una sentencia para el violador.
A estos datos se suman los de una investigación realizada por la administración de justicia en el país, que señala que del 100 por ciento de los expedientes de casos revisados en materias relacionadas con los derechos de las mujeres, el 71,2 por ciento fue rechazado por los fiscales por falta de pruebas y de éste el 41 por ciento corresponde a delitos sexuales.
En tanto que información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana elaborado con reportes de la Policía Boliviana, indica que entre 2005 y 2012, los casos de agresión sexual a menores (violación, estupro y abuso deshonesto) denunciados subieron de 1.076 a 3.602, lo que significa un incremento del 235 por ciento. Sólo los registros de violación aumentaron de 777 en 2005 a 2.386 en 2012, un incremento de 207 por ciento. Es decir de dos por día se elevaron a seis.
“Las cantidades reales son obviamente mayores si consideramos los casos que no llegan a la prensa, los que se quedan en los escritorios de los administradores de justicia o los que no son siquiera denunciados”, lamentó Villena.
Estas cifras colocan a Bolivia, de acuerdo a un estudio realizado por las Naciones Unidas, como el segundo país de América Latina con los más altos índices de violencia sexual, lo cual, lo cual sin duda, lamentó el Defensor, “el más vergonzoso sitial que tiene el Estado boliviano a nivel mundial.
El Fiscal General, Ramiro Guerrero, por su parte, manifestó su preocupación por la realidad que muestra el informe defensorial y demandó de las autoridades gubernamentales políticas públicas para luchar y reducir los altos índices de violencia sexual que existen en el país.
En tanto que la representante en Bolivia del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), Miriam Taborga, comparó los datos con los niveles que alcanza una “pandemia” y demandó a que esta realidad sea considerada como un tema de salud pública pues afecta al 15 por ciento de la población femenina en Bolivia.
El Defensor convocó a las autoridades y a las organizaciones de la sociedad civil a asumir esta problemática como “alta prioridad”. En ese marco, reiteró su llamado a trabajar en una cruzada nacional para luchar contra la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
El estudio presentado la víspera se lo realizó entre 2011 y 2012 en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Pando, muestra las dificultades que las mujeres enfrentan en el acceso a la justicia cuando denuncian una violación.
“Aunque tiene un enfoque integral sobre las causas y los efectos, hace hincapié en el tratamiento que se le da a las denuncias y los procesos judiciales iniciados por las víctimas, en la mayor parte los casos solas y en otros, apoyadas por entidades de derechos humanos, entre ellas nuestra propia institución”, manifestó el Defensor.
Los problemas que enfrentan las víctimas para que sus procesos avancen son el cambio de investigadores o fiscales, limitado número de forenses, falta de gratuidad, discriminación en razón de género, actitudes machistas por parte de jueces y fiscales, desconocimiento de procedimientos judiciales, falta de medios técnicos y periciales para la recolección de pruebas.
Los casos son abandonados porque las víctimas temen represalias o porque los procesos son largos y revictimizadores, los abogados transan con los agresores, algunos fiscales y jueces interponen sus oficios en favor de los agresores o las víctimas no están lo suficientemente preparadas como para afrontar el proceso.
