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Felipa Amaru tiene 59 años y vive hace 35 años en casa de su suegro, quien falleció hace 10 años y la dejó con los cultivos que ambos producían en la localidad de Palca, ubicada en la provincia Murillo de la ciudad de La Paz. Sin medios para defenderse y acosada por Simón Quisbert Ticona, vecino del lugar, la mujer denunció que ahora ese hombre intenta despojarla de sus tierras.
La afectada contó que en agosto de 2014, Quisbert intentó, junto a efectivos de la Policía, desalojarla de la pequeña y precaria vivienda donde habita e incluso voltearon los frutales de pera, granadilla y entre otros productos de su propiedad.
“Me quiere robar mis bienes y mi terrero, él me amenaza y a las personas que me ayudan a cosechar les dice: ‘te voy a meter a la cárcel junto con tu dueña’ y por eso ya no me quieren ayudar. Ya no sé qué hacer, él tiene otras denuncias de otros vecinos, pero no sé qué hace para que las cosas se queden ahí”, lamentó.
El terreno de Felipa Amaru tiene una extensión de 1.555 metros cuadrados y en agosto del año pasado, policías y Quisbert Ticona han entrado al terreno para colocar una bandera, según la afectada.
“No tengo nada, la cocina está a los pies del catre, mi ropa está en unos cajones, el piso es de tierra, siento desesperación, él (Simón Ticona) es malo, muy malo”, dijo en medio del sollozo que la asalta al recordar su precaria existencia.
El despojo de tierra, a las personas de la tercera de edad, se ha convertido en el país en un hecho que ya no sensibiliza a las autoridades.
En 2014, la Defensoría del Pueblo de La Paz registró 292 denuncias de despojo de tierra, bono dignidad y bienes. De esas denuncias, 800 fueron verificadas.
La Delegada Adjunta de Programas y Actuaciones Especiales de la Defensoría, Griselda Sillerico, indicó que el despojo material, renta dignidad y de terreno son denuncias que de manera constante reciben.
“Este tema tiene que ver con la pérdida de valores de las personas hacia la madre y padre, de entender que ellos están en una etapa de protección y cuidado, se está presentando una crisis de respeto al adulto mayor”, argumentó.
Sillerico, además dijo: “Los hijos traen con engaños a los papás del campo para apoderarse de sus tierras y les hacen firmar documentos donde indican que los bienes y terrenos están pasando a manos del hijo o la hija”.
Para la autoridad de la Defensoría, la familia debería ser el lugar más seguro, sin embargo, este tipo de casos hacen ver todo lo contrario.
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