Ley 348 para Casas de Acogida no se cumple

Ramiro García/Radio Pío XII/Cochabamba

La ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece en su Artículo 25 que las entidades territoriales Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y sostenibilidad financiera, tienen la responsabilidad de crear, equipar, mantener y atender Casas de Acogida y Refugio Temporal para mujeres en situación de violencia en el área urbana y rural. Además deberán contar con personal multidisciplinario debidamente capacitado y especializado en atención a mujeres en situación de violencia; la administración deberá diseñar e implementar una estrategia de sostenibilidad. 

Sin embargo, en Cochabamba, así como en varios municipios en todo el país, aún no se cuenta ni siquiera con los proyectos para la construcción de Casas de Acogida según informó Marcela Magne, directora de Género y Generacional.

“Seguramente a futuro tendremos pero como es alerta las proyecciones están y si nos dedicamos a construirla e implementarla nos tomaría todo el año elaborar el proyecto y como estamos en alerta necesitamos los albergues de manera inmediata”, dijo Magne.

Por otro lado el reglamento de la misma Ley 348 indica en su Artículo 13 que los gobiernos autónomos departamentales usarán el 30% del total de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de seguridad ciudadana para la construcción y equipamiento de las casas de acogida y refugios temporales para mujeres en situación de violencia y sus dependientes, durante la primera gestión fiscal siguiente a la publicación del presente Decreto. Desde el segundo año,  los gobiernos departamentales utilizarán el  10% del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana para mantenimiento y atención en las casas de acogida y refugio temporal a través de la provisión de personal y gastos de funcionamiento.

Es así que la gobernación del departamento de Cochabamba ya dio pasos para la construcción de una Casa de Acogida en Quillacollo pero aún quedan tropiezos para su funcionamiento según explica Sabina Orellana, secretaria departamental de Desarrollo Humano y Social.

“Tenemos el 95% de avance pero lamentablemente los padres de familia del Colegio San Ignacio de Loyola no nos dejan entrar pese a que la infraestructura es propiedad de la gobernación, nosotros hemos dado un ultimátum y no podemos esperar porque hemos realizado un programa  que no beneficia al personal de la gobernación sino a la población que más sufre el tema de violencia que son nuestras compañeras y sus hijas e hijos”, manifestó Orellana. 

El reglamento de la ley 348 dice que las gobernaciones deben construir Casas de Acogida y le deja la misma responsabilidad a los municipios pero la pregunta es ¿Cuánto de esta normativa promulgada en marzo de 2013 se cumple? Mientras la realidad de las mujeres maltratadas continúa sin que tengan un lugar a donde acudir si deciden salir de esos hogares violentos.