México: A 10 años, dos víctimas violadas por militares esperan justicia
La pasada semana el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinollan, que desde 2002 conoció el Caso de Valentina Rosendo y de Inés Fernández ha lanzado por todos los medios una campaña denominada" Contra la impunidad militar: Verdad, justicia y reparación", para estas dos indígenas que no han cesado de pedir justicia.
La Corte Interamericana estudió los hechos, las pruebas y los testimonios durante nueve años y finalmente dictó una sentencia definitiva. Exigió justicia. Por eso el año pasado el gobierno mexicano, en un acto ridículo, encabezado por el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, acompañado por una nube de medios de comunicación, les pidió perdón. Pero no hay detenidos ni reparación del daño.
Ellas no han cejado y, durante una década, han pedido justicia inútilmente. Hoy, numerosas organizaciones piden reparación del daño y que sus casos sean analizados y definidos, tal como recientemente hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación , pidiendo que se acote el fuero militar, un sustrato legal que concede a los militares en falta, por cualquier delito, que los juzguen sólo los militares.
Tlachinollan es directo y concreto en su demanda. "El 1º de octubre de 2012 se cumplen dos años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) notificó las sentencias de los casos Inés y Valentina, ambas contra el Estado mexicano".
En dichos fallos, la CorIDH determinó que, en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17, Inés y Valentina habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que denominó "violencia institucional castrense".
Las dos sentencias tocan puntos clave respecto de la actual situación de los derechos humanos en México, relacionados con aspectos como la falta de acceso a la justicia para las indígenas víctimas de violencia; la discriminación que enfrentan las mujeres al acceder a los servicios de salud; los abusos ocasionados por la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, así como los riesgos para quienes de manera organizada defienden los derechos de los pueblos indígenas.
Pese a que las sentencias tienen un carácter definitivo e inapelable, el Estado mexicano no ha dado pasos efectivos hacia el cumplimiento de los resolutivos ordenados como medidas de reparación. Particularmente preocupan los pocos avances en las investigaciones, consecuencia de la falta de cooperación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional hacia la Procuraduría General de la República.
Asimismo, el cumplimiento de los resolutivos en materia de Salud, Educación, Reparaciones Comunitarias e Indemnizaciones, se encuentra pendiente de concretarse. El cabal cumplimiento de ambas sentencias contribuirá a poner fin a la impunidad militar que persiste desde hace 10 años.
Agrega que siendo inminente el cambio de administración y el término del actual gobierno, resulta urgente que se garantice la total cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Procuraduría General de la República y que la Secretaría de Gobernación lleve a cabo las medidas necesarias para dar cumplimiento con los resolutivos emitidos por la CorIDH.
También la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México reclama justicia. Presidida por la indígena amuzga Martha Sánchez, este organización pidió en una carta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retome los casos de Inés y Valentina, en el marco de la revisión de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares para que sean juzgados en el fuero civil.
Mientras tanto, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en misivas similares, resaltaron su interés en la discusión de los ministros de la SCJN sobre la restricción del fuero militar que comenzó el 6 de agosto y que ha tenido un resolutivo en contra de que los casos sean juzgados por la justicia militar.
Manifiestan que los abusos perpetrados por las fuerzas militares son: violencia sexual, torturas, encarcelamiento arbitrario, procesos de desterritorialización, desarraigo, desplazamiento forzoso, los traumas sicosociales, la criminalización, el racismo y la discriminación.
Asimismo, el feminicidio, la trata y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes indígenas, la explotación económica, la invisibilidad estadística, la destrucción y degradación de la Madre Tierra, territorios y los recursos naturales, las pocas posibilidades de sanación espiritual necesaria, la impunidad, la destrucción de redes y la pérdida de los lazos sociales y culturales.
Del mismo modo, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres urgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nacio?n que resuelva los expedientes identificados en el acuerdo 06/2012, relacionados con violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, pues consideran que mientras no se dicte sentencia en estos asuntos, vi?ctimas como Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantu?, se encuentran en una situación de incertidumbre jurídica.
Agregan que como defensoras de los derechos de las mujeres "hemos constatado que la extensión del fuero militar a casos donde no se vulneran primordialmente bienes jurídicos castrenses, afecta de manera diferenciada y particularmente grave a las mujeres". (Tomado de SEMlac).
México, 10 septiembre 2012 – J.C.