Economía
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Representantes de los operadores de la minería chica, cooperativista, privada y estatal, entregaron la mañana de hoy el proyecto de Ley Minera al presidente Evo Morales y recomendaron no realizar “ninguna modificación” para su posterior aprobación en el Legislativo y promulgación por el Jefe de Estado.
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Con el objetivo de revalorizar el referido cereal y explicar sus bondades, la caravana partió de la Plaza Murillo, centro del poder político, donde fue despedida por el gobernador paceño, César Cocarico.
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El dirigente de los Fabriles de Bolivia, Vitaliano Mamani, sostuvo hoy que tienen en la mira a varias empresas “abusivas” que no cumplen sus obligaciones con los trabajadores para que sean convertidas en empresas sociales en aplicación al Decreto Supremo 1754.
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El viceministro de Desarrollo Productivo Minero, Víctor Hugo Llanos, informó la víspera que unos 1.000 cooperativistas que operan en el sector de alto riesgo de la cota 4.400 del Cerro Rico de Potosí serán reubicados a la mina Triunfadora.
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El ejecutivo de Fencomin, Alejandro Santos, reconoció hoy que adeudan más de 30 millones de dólares a la Comibol por dotación de equipos y maquinarias, sin embargo, dijo que pagarán siempre que se trate de un precio justo.
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La ingeniería, procura y construcción (IPC) de la Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco, registra un significativo avance global del 74.25% certificado a febrero de 2014, destacó este viernes el presidente de YPFB, Carlos Villegas Quiroga.
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El ejecutivo de Fencomin, Alejandro Santos, informó hoy que el proyecto de Ley Minera será entregado este próximo lunes al Ejecutivo para su consideración, luego de tres años de trabajo coordinado en busca de consensos entre los operadores mineros.
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Los trabajadores fabriles exigen un incremento mayor a la inflación, mientras que los de salud advierten con movilizaciones.
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Los bajos precios del endulzante, en el mercado nacional e internacional, y las lluvias afectan a más de 2.000 productores de caña de azúcar, por lo que piden una reprogramación en sus créditos adquiridos al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) por un monto de 140 millones de bolivianos.
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“El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año”, señala la OIT.