Pacto Fiscal concluyó sin redistribución de recursos

El Pacto Fiscal ya concluyó, sin embargo, entre sus resultados no se incluyó una redistribución de los recursos de Coparticipación Tributaria como aspiraban algunas entidades territoriales como las gobernaciones de Santa Cruz, La Paz y Tarija.

“El Pacto Fiscal cerró. Las propuestas sobre Coparticipación Tributaria y redistribución fueron expuestas y sobre eso se hizo la verificación real del destino de los recursos y, en ese contexto, no se rechazaron estas propuestas, pero sí se mostró la inviabilidad técnica”, dijo el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, en desayuno trabajo con periodistas realizado este viernes en La Paz.

Los recursos de Coparticipación Tributaria salen de los ingresos por el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto al Régimen Complementario al IVA, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas, Impuesto a las Transacciones, Impuesto a los Consumos Específicos, el gravamen aduanero y el Impuesto a las Salidas al Exterior.

Para 2016, el monto de la Coparticipación Tributaria fue de aproximadamente 40 mil millones de bolivianos, según la Delegada Alterna del Ministerio de Economía en la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, Karina Moreno.

De ese monto de dinero, en las condiciones actuales, el nivel central del Estado recibe el 75%, mientras que los municipios el 20% y las universidades el 5%. Las gobernaciones no participan de esta distribución, por lo que tres de ellas presentaron sus respectivas propuestas para recibir parte de estos recursos.    

Las gobernaciones de La Paz, Tarija y Santa Cruz plantearon cambiar esa distribución y que los gobiernos departamentales reciban parte de estos ingresos, pero rebajando el porcentaje que ahora percibe el nivel central.

El ministro Siles explicó que las propuestas de los tres departamentos fueron inviables, porque al restar recursos que se entregan el nivel central del Estado se estaría afectando a sectores sociales que reciben sueldos de este dinero.

Precisó que del 75% que recibe el nivel central de la Coparticipación Tributaria, el 35% va a la educación, 10% a la salud y deportes, 17% a rentas y pensiones, 8% a las Fuerzas Armadas, 7% a la Policía, y 3% a la administración central.     

Fuente: Viceministerio de Autonomías

“No hay una redistribución de recursos porque la tres propuestas no pudieron acentuar en realidades técnicas que puedan funcionar”, agregó. 

Siles alertó que de tocar esos recursos de Coparticipación que llegan el nivel central se tendría que prescindir de maestros o policías, lo cual se generaría conflictos sociales.

Cuadro que muestra la afectación de las propuestas de las gobernaciones

Moreno aclaró, sin embargo, que no todo el dinero que recibe el nivel central de la Coparticipación Tributaria se va en sueldos u otros gastos fijos, sino también hay inversión, aunque aclaró que la misma es una cantidad “marginal” de unos 700 millones.

La funcionaria del Ministerio de Economía resaltó que incluso esos recursos que el nivel central recibe de la Coparticipación Tributaria no alcanzaron para que lo estaba programado en 2016, y que faltó mil millones de bolivianos que tuvieron que se financiaron de otras fuentes.

Explicó que los 40 mil millones de bolivianos percibidos en 2016, unos 10 mil millones fueron a municipios y universidades, mientras que el resto (unos 30 mil millones) fue administrado por el nivel central.

Precisó que el nivel central destinó 14 mil millones para el magisterio, 4 mil millones se fueron en salud, a las FFAA y Policía se fueron a cada uno alrededor de 3 mil millones, en pensiones y rentas unos 7 mil millones, haciendo un total de 31 mil millones, es decir, que faltó mil millones.

No obstante, el ministro Siles hizo hincapié en que el proceso de diálogo del Pacto Fiscal se acordaron 25 fuentes alternativas de financiamiento, las cuales deben ser desarrolladas para sumar más ingresos a las entidades autónomas.

Entre estas 25 alternativas están: analizar tasas y contribuciones especiales para entidades autónomas, coordinar acciones para ampliar la base tributaria, analizar la factibilidad de cambios de criterios de distribución de los recursos de Coparticipación, analizar transferencia de impuestos a gobiernos departamentales y analizar la creación de empresas publicas subnacionales, entre otros.