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La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, descartó hoy realizar operativos para la incautación de autos ‘chutos’ de forma directa en regiones como el Chapare, en Cochabamba, y Los Yungas, en el departamento de La Paz, como ocurrió en Challapata en 2012, debido a dificultades de tipo geográfico y social.
“No se puede hacer lo mismo que se hizo en Challapata por diferentes motivos, especialmente por el área geográfica, entrar a Ivirgarzama, entrar a los Yungas es muy crítico por el tema de caminos (…) la estrategia va ser otra e incluso no descartamos que se pueda ir ahogando con cinturones (de control) porque no va haber (nueva) nacionalización, que quede claro”, señaló la presidenta de la ANB a Erbol.
Explicó que la incautación directa se dificulta por los niveles de organización que tienen los contrabandistas de autos y su relación con la población, donde incluso utilizan a niños y jóvenes como escudos humanos para evitar la confiscación de los motorizados.
“Es muy difícil la incautación directa por la situación social más que todo, no olvide que estas personas están con asociaciones, y Bolivia es una de las más extrañas que tiene asociación de ‘chuteros’, asociación de ropavejeros, asociación de personas que no facturan, y ponen a niños y jóvenes por delante, entonces se complica un poco el tema porque utilizan como escudos humanos como ocurrió por el salar de Uyuni, donde murió una niña”, recordó.
Ardaya adelantó que una de las formas para ingresar y controlar el contrabando de vehículos ‘chutos’, en esas regiones, será por medio del control de autopartes.
“Una forma de entrar a zonas donde hay vehículos ‘chutos’ tiene que ver con restringir y ser mucho más exigentes en la importación de accesorios, de tal manera de dejarlos sin ningún accesorios, porque las características que tienen esos autos es que son viejos”, indicó.
Acusa a 10 comunidades
La presidenta de la Aduana acusó a diez comunidades del país de ser cómplices de organizaciones del contrabando, aunque no precisó sus nombres. Dijo que estas comunidades actúan en complicidad por “pequeñeces” que reciben de los contrabandistas.
“Tenemos los problemas de que las comunidades son parte de esto (el contrabando), hay sectores que obviamente están en complicidad con ellos, se ocultan, se fondean y obviamente salen de las comunidades (…) lo que era Challapata ya no es, pero entendemos que podría haberse reproducido (la forma de operación de Challapata) en por lo menos diez comunidades”, indicó.
Agregó que a las comunidades “las están comprando con pequeñeces, con cerveza, comida, fiesta, pagarles un preste o unas mínimas cantidades para que puedan estar en sus domicilios”.
Reconoció que luego de la nacionalización de motorizados, en 2011, no existió un trabajo conjunto de las instituciones estatales para evitar el ingreso de más autos ‘chutos’.
“Tiene que ver también con el tema del B-Sisa (Programa Informático Boliviano del Sistemas de Auto Identificación) que se ha vulnerado porque este B-Sisa iba a controlar la venta de gasolina, esto muestra que una nacionalización si bien tiene un carácter de legalización, no hemos actuado de forma conjunta, porque reconocemos que no hemos coordinado, porque lo ideal hubiera sido tener una red (…) el tema aduanero no depende sólo de la Aduana sino depende de muchas instituciones”, apuntó.
La Aduana Nacional de Bolivia, de enero a la fecha, incautó 605 vehículos indocumentados, según señaló Ardaya. En abril pasado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que el Programa Informático B-Sisa identificó al menos 12 mil vehículos que habrían ingresado al país vía contrabando.
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