A propósito de la intención de estatización de la Cinemateca
por Marcelo Cordero
Distribuidor y crítico de cine
Recuerdo cuando se celebró el primer año de trabajo de la Fundación Cinemateca Boliviana en su nueva instalación; me invitaron a formar parte de una mesa de diálogo para hablar de distribución y exhibición en Bolivia, además de hacer un comentario sobre el trabajo realizado hasta la fecha por ésta institución. En la mesa me acompañaba el productor y distribuidor Gerardo Guerra; el representante de Manfer Films, Ricardo Torrez Garay ; el cineasta Paolo Agazzi y el dramaturgo Eduardo Calla.
Con el auditorio colmado de gente comenzó el desarrollo de la actividad. Como introducción se tuvo la intervención del señor Agazzi, quién hizo una retrospectiva del trabajo realizado por el directorio de la Cinemateca, el cual apoyado por la sociedad civil se propuso la consolidación de un proyecto, de lo que creo, para todos era el sueño hecho realidad. Posterior a esto vino el plato fuerte de la noche, mismo que estuvo a cargo de Eduardo Calla, quien empezó a lanzar una serie de datos y números que tenían por meta celebrar y reflejar, desde la lectura de la institución, la extraordinaria administración y resultados obtenidos.
Lo que vino después, y con las disculpas del caso a los colegas que me antecedieron, fue pura adulación y autocomplacencia para la administración y directorio de la Cinemateca. Todo andaba de maravilla, supongo dentro del marco de lo planeado, hasta que llegó mi turno, pues me percaté de que algo andaba mal cuando al terminar mi intervención un breve silencio invadió el ambiente y pude percibir la existencia de rostros desencajados y miradas acusadoras que interpelaban mi actuar. El pecado: contradecir casi todo lo positivo que se había dicho sobre la institución y su gestión en las nuevas instalaciones. Recuerdo lo que vino después: se me aclaro que la Cinemateca, al ser un ente privado, no debe dar explicaciones a nadie sobre su política interna y que ellos estarían en libertad de elegir con quien trabajar, incluso qué programar y qué no en sus pantallas; se me acuso además de irresponsable, desleal, poco profesional y desubicado; incluso fui invitado, por no decir chantajeado, a dejar de distribuir las películas de mi catálogo en las pantallas de la Cinemateca de seguir con la posición crítica que había asumido. Por poco y se me da la muerte civil y no exagero.
El pecado en resumen, fue principalmente criticar, cuando nadie lo hacía, la política asumida por el directorio y su administración, quienes daban preferencia a estrenos de cine norteamericano en desmedro del cine independiente y de autor. Ellos habían convirtiendo a la Cinemateca en una sala prácticamente comercial so pretexto de auto sostenibilidad. Por otro lado, critiqué la falta de transparencia en las relaciones con distribuidores independientes respecto a los representantes de las majors norteamericanas, así como la postura asumida respecto a la producción nacional, los criterios para elegir fideicomisarios, directorio y cargos de responsabilidad. Por último, y si lo recuerdo bien, también observé la falta de apoyo a iniciativas externas y alianzas en beneficio de la democratización del cine.
Todo lo que menciono, más lo que ya no vale la pena recapitular, fueron y son los detonantes por los cuales hoy se habla de estatizar la Cinemateca Boliviana; sin embargo, no todo es culpa de los fideicomisarios, directorio, directores y otros, sino, del silencio cómplice muy parecido a la estupidez, que existió en su momento y a las posiciones tibias y complacientes de buena parte de intelectuales, artistas y autoridades quienes miraban de palco o se hacían los de la vista gorda frente al desastre que se avecinaba; sin descontar a aquellos que con actitudes oportunistas y prudencias cobardes aplaudían los equívocos.
Ahora que el río esta revuelto se hacen escuchar voces que en su momento nunca dijeron nada, aparecen los bien intencionados, por supuesto los arribistas, aprovechadores y revanchistas.
Sin embargo, es imposible tapar el sol con un dedo y lo cierto es que la Cinemateca Boliviana, desde hace un tiempo, está mostrando signos de cambio en pro de reencausar los propósitos por los cuales fue creada; así lo demuestra su actual protagonismo en importantes eventos culturales, la apertura que va dando al cine nacional, independiente y de autor, así como a otras manifestaciones artísticas y sectores de la sociedad que buscan en estas instalaciones el lugar para desarrollar sus actividades. Por supuesto que se arrastran males del pasado, pero estos no desaparecerán de la noche a la mañana, es un proceso. Debemos recordar que la Cinemateca es una institución, no una persona(s) y como tal siempre tiene la posibilidad de cambiar.
Hoy que se habla de la estatización de la Cinemateca, ya lo dijo el Ministro de Culturas apoyado por varias voces, creo que antes de pasar a realizar esta acción es necesario considerar los siguientes aspectos:
1. La Cinemateca es una iniciativa privada gestada desde la sociedad civil, por lo tanto pertenece y se debe a ella, no a un directorio, mucho menos a un gremio o sector social pero tampoco a los representantes de un gobierno.
2. Segundo, una de las razones por las cuales se decidió, de acuerdo a la Ley 1302, traspasar a manos de la Cinemateca el Patrimonio Nacional de Cine e Imágenes en Movimiento fue para garantizar la preservación del patrimonio y para evitar que este corra peligro al estar en manos de intereses políticos de turno; en este punto no se debe olvidar que buena parte patrimonio fílmico fue donado por creadores, personas, empresas e instituciones que no tienen nada que ver con el Estado, confiando justamente en el carácter autónomo de la institución.
3. Si se hace un análisis de la forma en que la actual Ley de Cine fue implementada, el eje relacionado a la preservación de las imágenes en movimiento es el que tuvo mayores grados de ejecución y logros.
Pienso, y ya lo dije antes, una de las soluciones para la Cinemateca en términos de sostenibilidad económica y democratización del cine, es su estatización, pero no en el sentido de que el Estado sea el único responsable de su manejo; el Estado debería ser socio estratégico de la sociedad civil para la administración de la Cinemateca, aportando en la elaboración de políticas internas en pro de la democratización del cine y del audiovisual, coadyuvando en gestión y dotación de recursos, orientando acciones que frenen los monopolios de distribución y exhibición incrustados en nuestro país, los cuales están matando la cinematografía nacional; Además de fomentar el consumo reciproco del cine producido en el continente latinoamericano. De lo que se trata entonces, es de diseñar e impulsar, colectivamente políticas que incentiven a la población a comenzar consumir un otro cine y que democratice el acceso al audiovisual en pos de una práctica descolonizadora e intercultural que son dos pilares básicos en la construcción de un Estado Plurinacional.
