Piden que CIDH impulse medidas cautelares para proteger pueblos en aislamiento
Frente a la grandes amenazas que se ciernen sobre los pueblos en aislamiento voluntario representantes de los pueblos indígenas pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impulsar de urgencia medidas cautelares para su protección.
Se trata de Jaime Corisepa, indígena del coordinador general del comité de protección de pueblos en aislamiento CIPIACI, quién acudió con Taguide Picanerai, de Paraguay, como representantes indígenas ante la 146 sesión de la CIDH, en Washington, Estados Unidos.
Corisepa demandó que la CIDH elabore un informe sobre la situación de los pueblos en aislamiento voluntario, impulse programas y acciones de monitoreo en la región y adopte una posición de apoyo y complementariedad en relación a las directrices de las Naciones Unidas.
Corisepa recordó que luego de dos años de una audiencia previa con la CIDH la problemática que afecta a los pueblos en aislamiento se continúa agravando y, cada vez es más claro que, “su extinción física y cultural está próxima a menos que se tomen medidas urgentes”.
Los Estados en la región desconocen los derechos de los pueblos en aislamiento y continúan promoviendo la colonización y otorgando proyectos de desarrollo y derechos de explotación dentro de los territorios de estos pueblos.
Problemas y amenazas
Entre los problemas más relevantes se encuentra la superposición de lotes hidrocarburíferos, concesiones forestales y mineras a territorios tanto reconocidos como no reconocidos de pueblos en aislamiento.
A pesar de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, el gobierno continúa otorgando concesiones petroleras en los territorios de los hermanos Tagaeri-Taromani (Ecuador).
En Bolivia, aun habiéndose reconocido los derechos de estos pueblos en una norma tan importante como la Constitución, “no existe voluntad política de parte del Estado en la práctica para garantizar estos derechos”.
En Colombia, el pueblo Nukak Maku sufre las consecuencias de la invasión de sus territorios en el marco del conflicto político que vive ese país, por lo cual este pueblo se encuentra en grave riesgo de extinción.
En Paraguay, el otorgamiento de derechos a ganaderos sobre los territorios del pueblo Ayoreo en aislamiento viene generando la deforestación intensiva y acelerada de los bosques del Chaco, despojando así a este pueblo de su territorio.
En Brasil, la intensiva política del gobierno de construcción de centrales hidroeléctricas sobre territorios indígenas, como las del río Madeira y Xingú, así como la invasión de mineros “garimpeiros” amenaza la vida de estos pueblos.
Además, existen zonas como la tierra indígena del Yavarí, con presencia de numerosas poblaciones indígenas en aislamiento, donde existe epidemias de hepatitis B, C y D que afecta directamente a la población en contacto y amenaza a la que no lo está.
En Perú, el Estado viene impulsando una política que promueve la inversión económica, sin garantizar la intangibilidad de las cinco reservas territoriales oficialmente reconocidas.
Tales reservas están amenazadas por la superposición de lotes hidrocarburíferos, proyectos de infraestructura, colonización y la invasión de terceros. Mientras, otras propuestas de reservas territoriales en Perú siguen sin ser reconocidas, a pesar de que los trámites se iniciaron hace más de diez años. (Tomado de Servindi)
Lima, Perú, 5 noviembre 2012