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Al día siguiente de las elecciones, el periodista Ricardo Zelaya escribió en su muro de facebook un interesante análisis sobre el triunfo del MAS: “Todo lo que podían proponer y defender Tuto, Samuel y consortes, ya lo hizo el MAS, con años de anticipación: garantizar a los banqueros el triple de ganancias, devolver a las petroleras miles de millones de dólares en “gastos no recuperables”, asegurar a los agro-empresarios orientales la propiedad 17 millones de hectáreas de tierras, dejar que las transnacionales mineras se lleven casi todas las ganancias de la minería boliviana (…) ¡No le dejó a la derecha nada para ofrecer ni defender”.
“Por si fuera poco, al mismo tiempo que obsequia las riquezas a la burguesía y al imperio, se ha dado el lujo de apadrinar entusiastas huestes de “neocapitalistas emergentes”, como cocaleros, contrabandistas, transportistas y cooperativistas mineros, asegurándose así un blindaje electoral que hasta Mussolini le hubiera envidiado”, señaló y agregó que, por si fuera poco, el MAS hábilmente hizo “creer a los más pobres que es indigenista, socialista y antimperialista”.
Lo que describe Ricardo, en mi opinión, es la alianza de clases que proyectó el MNR en la Revolución Nacional de 1952 y la consolidación de la llamada “pluriburguesía”. ¿Cómo? a ver, en las elecciones del domingo 12 de Octubre, no solo ganó el MAS, también, banqueros y chuteros porque así como van las cosas seguirá la buena estabilidad. Los primeros, tendrán este año, una ganancia de 220 millones de dólares, según proyecto el Ministerio de Economía. Los últimos conservarán sus 40 mil chutos o más, salvo que haya una medida real para incautarlos. Sin embargo, surge un defecto: la desigualdad ante la ley.
A los banqueros, el Ejecutivo los obligó, en buena hora, a redistribuir sus ganancias, a tal punto que de cada $us100, $us50 dejan al Estado (lo dijo el viceministro Mario Guillén). Al fin y al cabo son legales y se los puede controlar. En el caso de los chuteros sucede todo lo contrario, nosotros (Estado) aportamos para que circulen ilegal e impunemente. La Fundación Suiza de Cooperación Técnica para el Desarrollo informó en julio pasado que el Estado (se refiere a todos nosotros) eroga aproximadamente entre Bs5.700 y Bs57.200 al año en combustible para cada vehículo indocumentado que circula en el país.
Otro caso de desigualdad se refleja entre empresarios y cooperativistas. Los primeros crean empleo, pagan impuestos y son vigilados permanentemente por Impuestos. Los segundos, en los momentos de auge, apenas pagaron vía impuestos al Estado sólo 6 de cada 100 dólares que ganaron: entre 1% y 0,5% a la Comibol por el canon de arrendamiento del área minera que explota; 2,083% por impuesto anual a las utilidades y 3% por concepto de regalías. Los restantes $us94, ganancia neta.
Una fuente de Comibol dio un ejemplo: “la Cooperativa Chorolque (Tupiza) en 2012 produjo un valor neto de 83.430.020 bolivianos. De ese monto, se entregó a la Comibol apenas 834.321 bolivianos”.
Lo propio pasa con la empresa Minera San Cristóbal, que según informaciones oficiales anualmente generó una ganancia de alrededor de $us1.300 millones y sólo tributó al año $us3,5 millones al Estado. Aunque saquea, pero tributa, puede concluir usted.
No sucede lo mismo con los cocaleros del trópico cochabambino, su aporte al Estado se desconoce. Aunque durante la campaña anunciaron que iban a tributar, pero no dijeron desde cuándo. Según la ONU, el 92% de la hoja de coca producida en esa región se va a al narcotráfico. Vale decir, que sus casi únicos clientes son los “narcos”. Por las promesas del partido ganador, esa producción destinada a una actividad ilícita será legalizada en esta gestión.
Parafraseando a Ricardo Zelaya, concluimos que ganaron terratenientes, chuteros, contrabandistas, cooperativistas, pero también los pobres, a quienes les llegan unos bonos promedio de Bs200 por mes o por año.
Sin embargo, ese triunfo del MAS se puede convertir en derrota, no para el MAS, sino para el país, si dejamos como Estado, implícita o explícitamente, que estos sectores vinculados, directa o indirectamente, al mundo de lo ilícito sigan “vendiendo la patria”, evadiendo impuestos, multiplicando “narcopueblos” y declarando territorios libres para el contrabando y la circulación de sus vehículos indocumentados como en Sayari (Cochabamba)
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