Seis casos que involucran a exautoridades están parados

Seis casos referidos a la violación de los derechos humanos, corrupción pública y extorsión en las que están involucradas exautoridades gubernamentales, judiciales y policiales se encuentran paralizados, debido a que hasta la fecha no se han resuelto, por parte del Ministerio Público y los operadores de justicia, los recursos o incidentes presentados por los imputados o la parte acusadora. 

CASO CARANAVI 

A tres años y cuatro meses del fallecimiento de Fidel Hernany y David Calizaya, en la violenta intervención policial al bloqueo de la carretera que vincula el municipio de Caranavi con la ciudad de La Paz por la instalación de una planta de cítricos, no existe una sanción contra los responsables intelectuales y materiales del hecho. 

A la fecha sólo hay dos imputados por el Ministerio Público: el excomandante de la Policía, general Oscar Nina, y el coronel Roberto Tórrez Pérez; el primero, presentó una excepción de falta de acción; y el segundo, un incidente de actividad procesal defectuosa. Desde el año 2012 el Juzgado Noveno de Instrucción en lo Penal no resuelve esos recursos. 

La abogada de la parte acusadora, Claudia Lecoña, informó que se solicitó al Ministerio Público ubicar al exasesor del exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, de apellido Alanes, mencionado por el exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas, en su indagatoria ante los fiscales que investigan el hecho, para que declare sobre la instrucción que habría recibido del ahora embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas para la intervención a los puntos de bloqueo.

CASO PORVENIR 

El Tribunal 6º de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz tiene bajo su responsabilidad de juzgar a los 26 imputados por el caso Porvenir, entre ellos el exprefecto Leopoldo Fernández, a quien el Ministerio Público lo acusa de ser el responsable intelectual de la muerte de 13 personas el 11 de septiembre de 2008 en el departamento de Pando.

Según datos oficiales, el proceso por el caso Masacre de Porvenir comenzó con un grupo de 26 personas, de las que hasta el 28 de febrero pasado estuvieron detenidas siete. 

El exprefecto pandino, principal procesado, retornó a su domicilio después de cuatro años y cinco meses de detención preventiva, junto a él se encontraban presos Roberto Rea, Juan Marcelo Mejido, Máximo Ayllón, Herman Justiniano, Danilo Huari y Evin Ventura. 

El resto de las personas implicadas se benefició con medidas sustitutivas y aprovechó esa condición para huir del país. 

Existen 12 personas declaradas prófugas y otras 40 que son investigadas en el denominado caso Porvenir II, que surgió a causa del conocimiento de la participación de otras en el luctuoso suceso acontecido hace cinco años.

CASO OLORIO 

Sólo un oficial y un cabo de la Policía permanecen detenidos desde hace más de dos años en el penal de San Pedro, de La Paz, por la muerte de David Olorio, en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de El Alto en julio de 2010. 

Olorio fue aprehendido y muerto el 6 de julio, sindicado de ser el cabecilla de la banda de atracadores que dos días antes perpetraron un robo al peaje de Vías Bolivia, en la autopista La Paz-El Alto. En el hecho, un policía fue asesinado y el botín fue de 425 mil bolivianos. 

El último en recuperar su libertad fue el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de El Alto, Israel Vega, por orden del juez Rolando Chaca el pasado 13 de agosto. 

Han vencidos los plazos procesales de la etapa preparatoria de la investigación y hasta ahora no hay una acusación formal contra los implicados en el caso, ni tampoco se tiene completamente esclarecida la muerte de Olorio. 

CASO PAPELBOL 

Desde que el entonces fiscal Aldo Ortiz, enero de este año, imputó al director de la empresa brasileña D’Andrea, Roberto Falascina, por el delito de incumplimiento de contrato, daño económico al Estado y enriquecimiento ilícito en la provisión de maquinaria y montaje de la planta de Papelbol ubicada en Villa Tunari, Cochabamba, no se conoció ninguna otra acción más sobre este caso. 

Con Falascina ya son seis las personas imputadas en este caso, es decir que pueden ser responsables de los delitos por los que son investigados, informaron en el Ministerio Público. 

Primero fueron imputados el exviceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado, y el exgerente general de Papelbol, Antonio Camberos, así como otros tres funcionarios de la empresa estatal. 

Actualmente el caso se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación (seis meses), tiempo en el cual el Ministerio Público deberá probar que el representante de D’Andrea incurrió en los delitos señalados; en caso de que sea así será enjuiciado o, de lo contrario, sobreseído. 

CASO NARCOGENERAL

Desde 2012, el caso del tráfico de cocaína camuflada en un despacho de mineral de zinc con destino a Estados Unidos se encuentra paralizado, toda vez que el Ministerio Público debe tramitar el exhorto suplicatorio ante la Embajada de Estados Unidos para tomar declaraciones, en ese país, al principal implicado en el hecho, el general de la Policía René Sanabria, quien se encuentra detenido en una cárcel de Miami. 

La continuidad de la investigación dependerá de esa acción que logre concretar o no la fiscal asignada al caso, Sara Villarroel. Ella debe elaborar el cuestionario, hacerlo traducir al inglés y remitirlo a la misión diplomática estadounidense en Bolivia, para que un experto analice la preguntas, informaron fuentes vinculadas al Ministerio Público. 

A la fecha son 14 las personas imputadas, entre ellas el teniente coronel Milton Sánchez, los capitanes Felsi Calderón y Franz Siles, el mayor Raúl Oña, el empresario peruano Roberto Igreda, otros tres policías y el abogado Yanic V.F.

También se encuentra con imputación Miguel Mamani Tupa, conductor del vehículo que transportó 144 kilos de cocaína hacia Arica-Chile para la red de narcotraficantes del general, René Sanabria. 

Todas estas personas están imputadas por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, confabulación, asociación delictuosa y tráfico de sustancias controladas. 

CASO CHAPARINA 

Después de dos años, continúa sin esclarecerse la violenta intervención a la VIII marcha indígena en defensa del Tipnis y quién dio esa orden. 

Por declaraciones del exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas, ante la comisión de fiscales que investiga el hecho, el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, habría sido quien instruyó la represión en el sector de Chaparina el 25 de septiembre de 2011. 

La investigación, según la abogada Claudia Lecoña, está paralizada desde hace más de un año, ya que la Fiscalía de Distrito no puede resolver la objeción al rechazo al procesamiento del exministro Llorenti. 

De acuerdo a la demanda presentada por las víctimas, los denunciados por la represión indígena son el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti; exviceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán; el excomandante de la Policía Nacional, general Jorge Renato Santiesteban; el exsubcomandante de esa institución, general Oscar Muñoz Colodro; el general Edwin Foronda, inspector general; y el exjefe de Inteligencia de la institución policial, coronel Víctor Santos. 

De este grupo, la comisión del Ministerio Público, a la cabeza de la fiscal Patricia Santos, sólo imputó a dos personas: Marcos Farfán y Oscar Muñoz Colodro, quien tiene detención domiciliaria. 

CASO RED DE EXTORSIÓN 

El 27 de septiembre se cumple el plazo de los seis meses para emitir un requerimiento conclusivo sobre el caso Red de Extorsión, informó Carmelo Alberio, abogado de Fernando Rivera, uno de los implicados. 

“Hasta el momento la comisión de fiscales no avanzó, ni siquiera se hizo un desprecintado de los CPU (Unidad Central de Procesamiento) que tienen secuestrados, no se realizó imputaciones pendientes, hay una retardación”, afirmó el jurista. 

A la fecha existen 35 personas imputadas, de las cuales 17 están con detención preventiva en la cárcel de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz.