Defensoría pide encarar con urgencia el trabajo infantil

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No es posible la prohibición total de labores, dice
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El trabajo infantil es una de las peores consecuencias de la pobreza y la inequidad. Sus causas, condiciones y recurrencia afectan principalmente a las familias y poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad y generan una serie de violaciones a los derechos elementales de los niños, niñas y adolescentes como el derecho a la educación, el normal desarrollo sicosocial, la salud, la protección, la seguridad y otros, señala la Defensoría del Pueblo.

 

Agrega que, lamentablemente, hemos distorsionado el sano hábito ancestral de promover la participación controlada y protegida, de adolescentes e incluso niños en algunas labores del hogar o en las actividades de los padres, para inculcarles la solidaridad, la responsabilidad y la disciplina, o para enseñarles el oficio de sus progenitores, y lo hemos convertido en una forma sistemática de explotación parecida, en muchos casos a la esclavitud.

 

No hacen falta estudios profundos para evidenciar en nuestras ciudades la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que trabajan en condiciones infrahumanas, cumpliendo horarios de hasta 12 horas por día y con remuneraciones de miseria en comercios, servicios de limpieza, cuidando a otros niños, adultos mayores o enfermos, recolectando basura, en el transporte público, en situación de mendicidad, lustrando calzados, cuidando automóviles e, incluso, en actividades de alto riesgo como la minería, la zafra o la construcción, ante la indiferencia o la permisividad del Estado y de la propia sociedad, indica.

 

Argumenta que el tema del trabajo infantil ha sido ampliamente debatido aunque no ha pasado del estado de visibilización, análisis y reflexión. Desde la Defensoría del Pueblo, lo asumimos como un tema que no puede ser dilatado por más tiempo debido a su gravedad y crecimiento.

 

Consideramos que no es posible, por ahora, la prohibición total del trabajo infantil y adolescente, sin haber creado las condiciones mínimas que les garanticen que una medida de esa naturaleza pueda ser aplicable sin generarles un mal mayor.

 

También es imperativo que se aprueben normas jurídicas y políticas públicas para enfrentar y desterrar la explotación y las peores formas de trabajo infantil; proteger de esta actividad a los y las infantes; crear un seguro de salud, alimentación y educación para niños, niñas y adolescentes en situación de calle; y fortalecer a las Defensorías de la Niñez en todo el país.

 

Es un tema urgente que merece medidas urgentes y así debe ser encarado. No hacerlo sólo profundizará el círculo de la vulneración de los derechos de aquellos y aquellas que hasta ahora han recibido de nosotros discursos, promesas y conmiseración, cuando lo que esperan es protección, garantía y condiciones para acceder a una niñez y adolescencia digna, sana y feliz.

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